La permanencia del secreto bancario en Suiza está siendo seriamente discutida en todas las instancias gubernamentales del país. La decisión del pasado jueves, avalada por el Gobierno, de transmitir los datos de 300 clientes del primer banco suizo UBS a las autoridades estadounidenses ha reabierto un debate que siempre ha estado latente en el país alpino. ¿Les conviene o no ser un paraíso fiscal?
Son muchos los que piensan que si se acabara con el secreto bancario suizo —su Código Penal castiga con prisión y multa a los que divulguen el secreto de los negocios sobre todo si cooperan con un país extranjero— el pequeño país europeo sería bastante menos rico de lo que lo es en la actualidad. El martes, el presidente de la Plaza Financiera de Ginebra, Ivan Pictet, amenazaba con que si esto ocurría se reduciría el volumen de la plaza suiza a la mitad. Además, según este banquero, el sector sólo representaría entre un 6% y un 7% de su PIB.
El secreto bancario suizo, que comenzó en 1934, está garantizado por el artículo 47 de la Ley Federal sobre los Bancos y Cajas de Ahorro. En este caso, el secreto sólo puede ser levantado si algún proceso judicial internacional lo demanda y si está relacionado con hechos delictivos como el narcotráfico o el tráfico de armas. Esta discreción ha favorecido durante muchos años la llegada de dinero y, según afirman, la estabilidad del franco y de su sistema político. Según las estimaciones de la Asociación de Banca Privada Suiza, si el sistema bancario secreto desaparece, los ingresos de la banca privada helvética se verían reducidos entre un 25 y un 30%. Además, según varios especialistas consultados por la prensa local, se perderían un 10% de los empleos sólo en Ginebra. Entonces, ¿qué hay de positivo en eliminar el secreto? "Aunque Suiza no es técnicamente un paraíso fiscal, si lo hacen serían más legales. Ni más ni menos", reconoce el secretario general de Gestha, José María Mollinedo.
Y es que uno de los aspectos más valorados de los paraísos fiscales es la confidencialidad de sus cuentas. Según un informe redactado por los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), la mayoría de paraísos fiscales que reconoce la OCDE no obligan a depositar en un archivo público información sobre los accionistas de empresas extranjeras. En países como Malta o en la Isla de Nevis, por ejemplo, la legislación recoge multas cuantiosas y penas de hasta tres años de prisión por publicar datos de empresarios no residentes. Uruguay, Luxemburgo o Gibraltar son otros lugares en los que se aplicó el secreto bancario para conseguir atraer inversiones.
Después de ver cómo los suizos le han chivado a los estadounidenses su secreto más preciado, miles de personas con cuentas en el país del chocolate y los relojes estarán revisando ahora la lista de paraísos fiscales que elaboró en 2003 la OCDE (que incluye 33 estados) para ver cuál es el país que más les conviene para esconder su dinero sucio. ¿Cuáles son los mejores lugares? Aquellos con falta de transparencia y nula cooperación con las autoridades de otros Estados. La lista de países con bajos o nulos impuestos, secreto bancario y poco cooperantes la conforman sitios como Andorra, Mónaco, Liechtenstein y Liberia.
Si de lo que se habla no es tanto del secreto bancario puro y duro como de evadir impuestos, el lugar más atractivo son las islas Marshall, donde constituir una empresa no implica el pago de ningún dólar. Por otro lado, en las Seychelles —ese entorno paradisíaco que todos imaginamos a la hora de pensar en defraudar al fisco— una compañía con capital social inferior a 100.000 dólares, paga sólo 100 dólares al constituirse. Las Bahamas y las Islas Caimán, entre otros, ofrecen condiciones similares para la creación de empresas.
Pero los paraísos no son sólo playas y sol. En Europa, Mónaco y Andorra no cobran impuestos sobre los ingresos personales. Si lo que se quiere es abrir una compañía allí, la cosa está un poco más complicada. En Andorra, por ejemplo, uno de los socios tiene que estar empadronado y el nombre de la empresa tiene que sonar fonéticamente a catalán.
Es la cantinela de las últimas semanas (por no decir de los últimos años): "Hay que acabar con los paraísos fiscales". Vale, notamos que voluntad hay mucha pero acciones pocas. En la anterior reunión del G-20 uno de los puntos comprometía a los países firmantes a adoptar medidas para erradicarlos. Sin embargo, desde entonces no se ha hecho nada en este sentido. En la reunión del fin de semana pasado en Berlín para preparar una postura conjunta europea de cara al nuevo G-20 se repitió exactamente lo mismo.
Fuentes del Gobierno aseguran que junto a Alemania y Reino Unido, España siempre ha liderado la lucha contra unos paraísos fiscales que, según el Fondo Monetario Internacional, aglutinan una cuarta parte de la riqueza privada de todo el mundo.
Pero, ¿cómo se puede hacer frente a estos lugares? Desde la Unión Europea ya se ha dado algún paso en este sentido. La directiva de fiscalidad del ahorro, que entró en vigor en 2005, obliga a los Estados miembros a intercambiar información fiscal entre sí. Los países con secreto bancario de la UE —Bélgica, Austria y Luxemburgo— lograron sortear esa medida y, a cambio, aplican una retención sobre los depósitos de no residentes que envían al Tesoro de los países de origen. La misma medida adoptaron, presionados por la UE, países no comunitarios como Andorra, Liechtenstein, Mónaco, San Marino y Suiza. Esta directiva, ha permitido que España haya recibido desde julio de 2005 más de 130 millones procedentes de estas zonas.
El secretario general de Gestha cree que sin coordinación entre los países será imposible acabar con los paraísos algo en lo que coinciden desde el Ministerio de Economía. A juicio de Mollinedo, las decisiones unilaterales caerán una y otra vez en saco roto porque si alguien quiere delinquir se las ingeniará para hacerlo desde otro país.
Otro de las medidas que se deberían adoptar según el técnico de Hacienda es la obligación de justificar todas y cada una de las transferencias que se realicen dentro y fuera de la UE. En el caso de que hubiera (que los hay) países que no desearan colaborar, Mollinedo propone inmovilizar el capital, algo que resultaría más efectivo que los gravámenes impuestos ahora con las directivas. Por último, el técnico propone que se impongan sanciones políticas y económicas a este tipo de países.
El secretario general de Gestha no es el único que propone una serie de medidas duras y sin condiciones. El problema es que a determinados países, a pesar de lo que dicen, "nunca les ha interesado acabar con los paraísos fiscales", asegura Mollinedo. ¿Irán esta vez en serio?
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