Alicante.- El ex alcalde de Alicante y diputado autonómico del PP, Luis Díaz Alperi, se ha quejado hoy de haber recibido un trato "inhumano" en relación al "caso Mercalicante" y ha instado al PSPV-PSOE a pedir "perdón", tras haber sido sobreseído su supuesta responsabilidad en la estafa, de unos 6 millones de euros.
Díaz Alperi ha hecho estas declaraciones en una multitudinaria comparecencia arropado por el equipo de gobierno municipal del PP al completo, a excepción de su sucesora en la Alcaldía, Sonia Castedo, quien se encontraba fuera de la provincia en un viaje privado.
Entre los asistentes estuvieron otros dos políticos imputados en la causa, el concejal de Hacienda, Juan Zaragoza, y el director general del complejo audiovisual Ciudad de la Luz, José María Rodríguez Galant, que confían en que, una vez producido el archivo de la responsabilidad de Díaz Alperi, también se sobresean los delitos que se les imputan en la misma causa.
El ex alcalde y diputado autonómico se ha felicitado de esta absolución a su persona dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), que le ha enjuiciado por su condición de aforado en Les Corts Valencianes, y ha lamentado haber estado bajo sospecha durante los siete años que ha durado la investigación.
Ha considerado que el caso ha sido auspiciado por "miembros de la Justicia allegados ideológicamente" a los partidos de izquierdas para tratar de hacer daño electoralmente al PP, y ha subrayado que la petición de responsabilidades al comité ejecutivo de Mercalicante es "ejemplo de lo que jamás se debe hacer en política", al creer que los socialistas lo han usado con fines electorales, como para tapar los últimos escándalos de alcaldes de su partido en la Vega Baja.
Preguntado sobre la afirmación de las acciones populares, ejercidas por el dirigente vecinal José Luis Valdés y el PSPV-PSOE, sobre que su condición de aforado le ha beneficiado al ser enjuiciado por el TSJCV y no por un juzgado de Alicante, Díaz Alperi ha señalado, airado, que eso es una "solemne gilipollez, una tontería".
Ha argumentado que si no fuera aforado y hubiese sido condenado por un juzgado de Alicante, él habría recurrido y, en todo caso, el caso habría sido elevado al alto tribunal por lo que "siempre se habría terminado en el TSJ".
Además, ha rechazado estas insinuaciones y ha pedido a la oposición que aclare si ve prevaricación, corrupción o que se le haya beneficiado por parte del TSJCV.
El ex alcalde también ha expresado su deseo de aclarar el comentario que hizo un día antes de conocerse el auto judicial, en el transcurso de una reunión del comité ejecutivo del PPCV en Valencia, sobre que al día siguiente sería archivada la causa.
Ha asegurado que no recibe "filtraciones" del TSJCV y que sólo era una "intuición" después de hablar con su abogado y con el jefe de la asesoría jurídica del ayuntamiento, ya que éstos habían sido citados para la decisión del magistrado instructor y preveían que sólo podía tratarse de un fallo absolutorio.
Por ello, ha criticado que las acciones personadas crean que ha recibido información privilegiada y pretendan "equipararlo con las filtraciones del caso cinturón (sic) o Correa", en referencia a la investigación del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
El ahora diputado autonómico ha sostenido que el magistrado del TSJCV, a quien ve "honesto y honrado", ha estudiado los miles de folios del caso en los últimos dos meses y medio, y "se ha leído el expediente de cabo a rabo" hasta el punto de conocerlo mejor que el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, y la jueza instructora número 1 de Alicante.
En esta línea, se ha lamentado de que haya "determinados miembros de la Justicia que tienen una ideología que intentan aplicar" en su trabajo, y ha citado al antiguo teniente fiscal provincial Miguel Gutiérrez, fallecido, de quien ha comentado que llegó a reconocer que era de izquierdas y que aplicaba "una Justicia de izquierdas".
En todo momento ha defendido su actuación en torno al desfalco de Mercalicante por parte del ex gerente, José Emilio Clavero, y ha recordado que fue él quien encargó una auditoría de gestión y echó a éste último una vez que se tuvo constancia de las irregularidades.
Sobre las informaciones que vinculan a Francisco Camps con la investigación de una trama de corrupción por parte de Garzón, cree que es "un proyecto de difamación contra la cabeza visible del PPCV" y ha añadido que se trata de desprestigiar, así, a alguien que ha ganado varias veces por mayoría absoluta.
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