Madrid.- El Instituto de la Empresa Familiar (IEF) presentó hoy un plan de choque para este año y el próximo que inyectaría a la economía 21.140 millones de euros y ahorraría de manera directa a las empresas 16.540 millones, mientras que los 4.600 millones restantes son para proporcionar liquidez a las compañías.
El informe, presentado hoy por el presidente del IEF, Simón Pedro Barceló, y por su director general, Fernando Casado, y que ha sido remitido al Gobierno, a las comunidades autónomas y a las principales fuerzas políticas, destaca que la mayoría de estas medidas debería tener un efecto inmediato para frenar los elevados niveles de paro y la falta de liquidez.
Entre las medidas con efecto inmediato está el reducir las cuotas a la Seguridad Social dos puntos por trabajador contratado (con un coste anual aproximado de 5.800 millones) y diez puntos por cada nuevo empleo fijo creado (con un coste anual de 240 millones).
Además, pide que se aumente la línea ICO para capital circulante en 50.000 millones de euros, lo que tendría un coste anual de 2.000 millones y que se cree un incentivo de dos mil euros para la compra de vehículos destinados a actividades económicas, medida cuyo coste anual sería de 200 millones.
Asimismo, para reducir el periodo de pago de las Administraciones propone que se establezca como obligatorio que sus periodos de pago no superen los 30 días y que se cree un fondo de ayudas financieras por 10.000 millones para las administraciones que no puedan afrontar ese pago (coste anual de 250 millones).
También solicita que a los créditos que conceden los accionistas a sus empresas tengan un trato fiscal similar al del resto de rentas de capital, lo que tendría un coste de 50 millones cada año.
Entre las medidas a medio plazo reitera su petición de situar el tipo general del Impuesto sobre Sociedades en el 25 por ciento y el reducido en el 20 por ciento y aprobar el aplazamiento del IVA y de las cotizaciones a la Seguridad Social, medidas que significarían un coste de 2.000 millones de euros cada año.
Además, pide que se establezca la exención por reinversión de beneficios, lo que tendría un coste de 30 millones de euros.
El informe también solicita para mejorar la flexibilidad laboral condicionar los incrementos salariales a la productividad, ajustar las plantillas temporalmente a la producción, otorgar a las mutuas la posibilidad de emitir propuestas de alta médica en el pago de la incapacidad temporal y trasladar las fiestas que caen entre semana a los lunes.
Los 4.600 millones de euros del plan hasta completar los 21.140 millones irían destinados a inyectar liquidez a las empresas por 60.000 millones de euros, de los que 50.000 son para la línea ICO de capital circulante y el resto para el fondo de ayuda a la solvencia de las Administraciones Públicas.
En la presentación del informe, Barceló señaló que la prioridad en estos momentos es que se mantengan los puestos de trabajo, más que pensar en abaratar el despido como pide la CEOE y calificó de "imprescindible" que haya un acuerdo nacional entre los dos principales partidos para adoptar medidas y poder salir de la actual situación.
Tanto Barceló como Casado valoraron las medidas tomadas por el Ejecutivo, aunque señalaron que son insuficientes y requieren inmediatez para que surtan efecto, como así ha ocurrido, a su juicio, en los países del entorno.
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