MADRID.- La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, cifró esta tarde en 35,38 por ciento el porcentaje de jueces que secundaron hoy la huelga en demanda de mejoras estructurales en la Administración de justicia, según la información definitiva que, a las 17.45 horas de hoy, le había sido remitida a este órgano por los presidentes de los 17 tribunales superiores de las comunidades autónomas. Bravo no permitió preguntas en su comparecencia pública, eludiendo así pronunciarse sobre la responsabilidad disciplinaria en la que podrían haber incurrido los huelguistas.
Fuentes del Consejo calificaron más tarde de "lógico" que el resultado de la protesta se traduzca en una reducción por parte del Ministerio del sueldo de los huelguistas correspondiente a la jornada de hoy. No obstante, ninguno de los vocales recabados por Europa Press quiso pronunciarse sobre la eventual responsabilidad disciplinaria en la que podrían haber incurrido los jueces en huelgas, un aspecto en el que sí es competente el órgano de gobierno del Poder Judicial.
En los próximos días es previsible que lleguen al CGPJ los datos recogidos en las distintas comunidades autónomas sobre incidencias causadas por la huelga, es decir, sobre los actos judiciales o vistas que han tenido que suspenderse. Esta información será valorada por el Consejo, aunque las fuentes consultadas dudan de que acaben generando expedientes disciplinarios.
En su intervención ante los medios, en la que no se permitieron preguntas de los periodistas por orden del Pleno de este órgano, la portavoz del CGPJ cifró hoy en un 35,38 por ciento (1.635 jueces) el seguimiento de la huelga. La diferencia apenas apreciable con los datos revelados unas horas antes (seguimiento del 35,47 por ciento), responde a los últimos ajustes tras eliminarse del cupo total los jueces de baja o con permiso de viaje, según fuentes de este órgano.
Según la declaración institucional leída por Bravo, las movilizaciones ponen de manifiesto que "existe una amplia voluntad de cambio en la Justicia española", si bien destacó "el alto grado de responsabilidad de los jueces y magistrados, especialmente de aquellos que, en su mayoría, han decidido atender a los ciudadanos".
De acuerdo con los datos oficiales, la comunidad donde porcentualmente se ha producido un mayor seguimiento de la huelga ha sido Aragón, donde un 64,84 por ciento de los jueces han parado (un total de 83 de los 128 que ejercen en dicho territorio).
En Madrid, la huelga ha sido seguida por el 32,42 por ciento de la Carrera, un total de 212 jueces de los 654 que ejercen en esta comunidad, mientras que el seguimiento más bajo se ha registrado en el País Vasco, con un 9,17 por ciento de los jueces parados (apenas 20 de los 218 que ejercen en dicha comunidad).
DATOS DE LOS CONVOCANTES
Los primeros datos oficiales difieren en gran medida de los ofrecidos a la misma hora por los convocantes (el comité de huelga y las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente), que hablan de un seguimiento de los paros por parte del 60,62 por ciento de la carrera (2.192 jueces del total de 4.570 existentes). Sin embargo, este paro sin precedentes en el sector obtuvo también cifras muy divergentes de apoyo dependiendo de las regiones.
Además, tal y como destacaron los portavoces de la huelga de gran parte de las comunidades, los jueces suplentes no tienen permitida la huelga, por lo que los datos ascenderían en la mayor parte de los casos. También a nivel general, los portavoces aseguraron que la huelga no infirió en el funcionamiento de juzgados y se ofrecieron los servicios mínimos en casos como violencia de género, protección del menor o los juzgados de Paz para celebrar los matrimonios previstos.
La Comunidad de Madrid se situó entre las autonomías que más avaló la convocatoria, con un respaldo del 55,8%. Los únicos que se mantuvieron al margen fueron los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y los jueces de Aranjuez, Arganda del Rey y Leganés.
El respaldo recibido en Cataluña fue uno de los mayores de España. En Barcelona, el 65% de los titulares de los juzgados penales y de instrucción ha secundado la huelga, y al menos una sección de la Audiencia Provincial suspendió dos juicios previstos para hoy para sumarse. Gerona y Tarragona, obtuvieron un 68 y 74% de asistencia respectivamente. En Lérida, sin embargo, el colectivo decidió en asamblea no acudir al paro, aunque tres jueces la secundaron a título personal.
En Andalucía el seguimiento fue también alto, superando el 69% en Sevilla y el 74% en Málaga. En Jaén, la "practica totalidad" de los jueces secundó el paro, afirmó la portavoz de los jueces, Elena Arias Salgado, mientras que en Cádiz, la juez decana, Nuria Orellana, calificó el seguimiento de "masivo". Granada, con un 30% de asistencia, rompe la tendencia andaluza en este sentido.
AUDIENCIA Y SUPREMO
El seguimiento de la protesta ha sido inapreciable en los órganos centrales como el Tribunal Supremo, donde no ha parado ninguno de sus 74 magistrados, mientras que la Audiencia Nacional han hecho huelga dos, el juez de Instrucción número 6 Eloy Velasco y el magistrado de lo Contencioso-Administrativo de este órgano Carlos de Rozas.
Bravo ha añadido que la voluntad hecha pública hoy por este colectivo por primera vez en la historia exige tanto al Consejo como al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias en este ámbito "trabajar en pro de la reforma necesaria".
"El CGPJ, como órgano de Gobierno, continuará, como ha venido haciendo hasta ahora, con todos los esfuerzos precisos para conseguirla", concluyó.
Los jueces convocaron este paro como medida de presión para que el Ministerio de Justicia y las administraciones autonómicas con competencias acepten sus reivindicaciones, que pasan por la implantación de la nueva Oficina Judicial, la adecuación del ratio de jueces al de la media europea, un aumento retributivo y el no perder la agenda de los señalamientos (potestad que una reforma legal prevé asignar a los secretarios judiciales).
La huelga también es fruto del malestar del colectivo tras las críticas vertidas por el Gobierno central a raíz de la decisión del Consejo de sancionar con 1.500 euros al juez de Sevilla Rafael Tirado, cuya actuación permitió que el supuesto asesino de la niña Mari Luz estuviera en libertad pese a estar condenado por pederasta.
Ante la inhibición al respecto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un nutrido grupo de jueces acudieron a una asamblea celebrada el pasado sábado en Madrid en la que establecieron unos servicios mínimos que incluyen los trámites para celebrar matrimonios ante el Registro Civil y, en la vía penal, la celebración de juicios con causa con preso y las diligencias de servicios de guardia que afecten a derechos fundamentales, como entradas y registros o intervenciones telefónicas.
PAPEL DE CGPJ
Aunque el CGPJ señaló en su día que no hay "cobertura legal" para el ejercicio del derecho de huelga por parte de los jueces y se ha declarado "no enterado" de la convocatoria, ayer se puso en contacto con los presidentes de los 17 Tribunales Superiores de Justicia españoles para que al órgano de Gobierno de los jueces información puntual del desarrollo de la protesta.
Así, el Consejo pide que se especifique la incidencia de los paros, el número de juicios o actos judiciales suspendidos como consecuencia de la huelga durante la jornada o aquellos que han sido aplazados en previsión de la misma e información sobre los jueces que se han acogido a la protesta y de los que no acudan a sus puestos de trabajo sin especificar los motivos. Estos datos llegarán al Consejo en los próximos días.
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