Las asociaciones judiciales defienden sus demandas y dicen que no están divididas

Santander.-  Las cuatro asociaciones judiciales en Cantabria han asegurado hoy que no están divididas y han defendido sus reivindicaciones para mejorar la Justicia "en beneficio de los ciudadanos", porque "una Justicia que funciona lenta no es Justicia".

En una rueda de prensa, los portavoces en Cantabria de Jueces para la Democracia, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, han destacado su coincidencia en las reivindicaciones de medios personales y materiales ante el Ministerio de Justicia, pese a que sólo las dos últimas han convocado huelga.

A este respecto, Patricia Bartolomé (Foro Judicial Independiente) ha resaltado la satisfacción con el seguimiento en la región (41,5 por ciento) y ha incidido en que éste ha sido más elevado en los órganos unipersonales, que son los que sufren una mayor carga de trabajo.

Los representantes de las cuatro asociaciones han afirmado que, independientemente de sus diferencias en las medidas de presión elegidas, no están "divididos" y coinciden plenamente en las demandas, que no son "corporativas" ni "personales" y pretenden mejorar la Administración de Justicia y "ofrecer un mejor servicio al ciudadano".

En este sentido, han remarcado que España es uno de los países europeos con menor número de jueces, tan sólo por detrás de estados como Azerbaiyán, Malta o Ucrania, y está "a la cola" en cuanto a pleitos por habitante.

Sobre la posible vinculación entre la convocatoria de huelga y la multa al juez Rafael Tirado por el "caso Mari Luz", Jaime Anta (Francisco de Vitoria), ha aseverado que, en su caso, la "inquietud" empezó antes, como consecuencia de los acontecimientos en el Tribunal Constitucional y en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con la prórroga del mandato de ese órgano.

Ha insistido en que el "caso Mari Luz" es "un problema de responsabilidad" y ha considerado que el magistrado tendrá que asumir "su tanto de culpa". "Que cada palo aguante su vela", ha apostillado.

Ha añadido que, si la sanción impuesta ha sido insatisfactoria, "no es un problema" de los jueces y magistrados, que no han tomado esa decisión, que correspondió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Ha recalcado, en todo caso, que la responsabilidad es un asunto "menor" y que lo que realmente importa "es que haya sucedido y pueda suceder en el futuro", unan posibilidad que depende de que quien tiene la competencia de tomar medidas "se ponga a trabajar y lo impida", ha agregado.

Bartolomé ha dicho que, a raíz del "caso Mari Luz", el CGPJ hizo un estudio que reveló la existencia de 200.000 sentencias penales en trámite de ejecución y, desde entonces, "no se ha hecho nada". "No es que el Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla tenga una determinada situación, en Santander hay juzgados con más ejecutorias y no se hace nada", ha lamentado.

Ha enfatizado que "es imposible que un juez tenga que controlar en la cabeza 1.500 asuntos".

Luis Sánchez (Jueces para la Democracia) ha coincidido en que las reivindicaciones son consecuencia "de un cúmulo de circunstancias" aunque "hay una chispa que hace saltar" al colectivo judicial.

Ha puesto como ejemplo su propia situación, al señalar que su juzgado está "casi duplicando" el número de asuntos que el propio CGPJ fija como máximo.

Los portavoces de las asociaciones aseguran que "entienden" que los ciudadanos tengan una falta de confianza en la Justicia. "La Justicia que funciona lenta no es Justicia", ha considerado Luis Sánchez.

María del Mar Hernández (Asociación Profesional de la Magistratura) ha dicho que los jueces son "los primeros interesados" en que esa situación cambie y por eso están realizando esas demandas.

Los cuatro representantes de las asociaciones han confiado en que el Ministerio de Justicia sea receptivo a sus reivindicaciones y dé "pasos firmes" para mejorar esa Administración antes del mes de junio.