Descargarse porno infantil sin querer puede ser útil: denúncialo

Los Mossos d'Esquadra, en colaboración con la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Ertzaintza, han detenido a 20 personas en diferentes ciudades de España en una operación contra la posesión y distribución de pornografía infantil en la red. La investigación se inició tras la denuncia de un internauta que se descargó un archivo de pornografía infantil con el nombre de una película convencional. Y es que un simple 'click here to download' puede ser el inicio de una operación como la que se ha saldado hoy. Estos golpes policiales ponen de manifiesto que los archivos con material pedófilo ya no son exclusivos de sitios web pseudoclandestinos o camuflados. Están al alcance de todos y en la mayoría de los casos con nombres que nunca harían sospechar el contenido que hay detrás. La pregunta es: ¿Y si me descargo un archivo pornográfico por casualidad, me convierto en sospechoso?

La abogada y directora ejecutiva de la red mundial de protección infantil Wiredsafety.org, Parry Aftab, estima que todos los días nacen cerca de 500 nuevos sitios web relacionados con la difusión de este tipo de contenidos. Sin embargo, la persecución ha derivado en nuevas modalidades. Hace tiempo que las mismas autoridades han caído en la cuenta de que los pederastas han migrado hacia las redes convencionales para intentar eludir la acción policial y para compartir su material de manera gratuita. Como ya ocurre con las películas, series y canciones, los contenidos pedófilos están al alcance de cualquiera y a veces ni siquiera hace falta pagar para conseguirlos.

Carlos Cabezas López, un periodista experto en estos temas de Caso Abierto, señala que los pederastas se encuentran hoy en "foros, canales de chat, y pueden subir sus archivos por medio de un FTP a un hosting gratuito o utilizar programas P2P como Kazaa o Emule". Según él, "los usuarios intercambian el material personal con tal de acrecentar sus colecciones, se envían fotos unos a otros y se pasan datos que consideran relevantes. Así como los amantes de la música, el cine o la literatura transfieren sus archivos y opiniones mediante cualquiera de estos mecanismos, también lo hacen los amantes de la pornografía infantil".

José Consuegra, director de comunicación de la Guardia Civil de Córdoba, asegura que estas descargas de pornografía infantil en la red que "se producen en sitios normales, a los que podemos acceder todos", lejos de ser aislados, "son muy habituales". Tanto es así que el guardia civil explica que, muchas más veces de las que pensamos, las persecuciones se inician cuando un usuario anónimo descarga por error un archivo conteniendo pornografía infantil en un portal cualquiera de intercambio de archivos. Cuando esto ocurre, las brigadas que investigan estos delitos identifican el archivo, que se convierte en un anzuelo, y comienzan a observar quién se lo descarga.

El gran aliado de los cuerpos de seguridad en la investigación de estos casos se llama Híspalis. En 2005 se aprovechó la celebración en Sevilla del IV Foro Iberoamericano de Ciberpolicías para presentar esta nueva herramienta de trabajo policial que permite acceder a circuitos cada vez más cerrados de intercambio por Internet. Este aparato identifica "el ADN" de las imágenes o los vídeos que contienen pornografía infantil, para poder hallar la localización exacta de la persona que se ha descargado el material pornográfico.

¿Lo bueno? Gracias a esta tecnología, localizar el material y por ende a sus consumidores, promotores e incluso a sus creadores es más fácil. Así ha ocurrido esta vez. La Brigada de Investigación Tecnológica centró su investigación sobre más de 1.600 conexiones pertenecientes a España. Los investigados compartían en las redes P2P al menos tres archivos clasificados como pornografía infantil cuyo nombre hacía clara referencia a su contenido, como 'preteen' o 'pcth' (preteen hard core).

Pero he aquí el problema. Los archivos pedófilos no siempre llevan nombres tan evidentes. Muchos están camuflados bajo nombres tan inocentes como los de las películas de Disney, o similares. Cualquiera de nosotros se podría descargar un archivo de este tipo por error. No es tan difícil imaginárselo. Descargamos una película cualquiera y al visionarla nos encontramos con una terrible sorpresa: en vez de la película, el archivo contiene imágenes de abusos a menores o incluso a bebés de pocos meses. Lo normal es que la persona a la que le ocurra esto, decida borrar el archivo o denunciarlo a la Policía. Sin embargo, algunas personas se descargan tal cantidad de archivos que no sería raro que no los identificaran inmediatamente y que permanecieran en su disco duro durante meses antes de descubrir por sí mismo lo que hay dentro. O algo peor. Que quien lo descubra, sea la Policía.

¿Qué hacer si descargo algo por error?

¿Estamos desvalidos ante este tipo de situaciones? Ni la Policía ni la Guardia Civil han querido revelar cuántos archivos con contenido ilícito hay que descargarse antes de convertirse en un sospechoso. Según Iván Díez, especialista en delitos informáticos de Gómez-Acebo y Pombo Abogados, "una descarga esporádica, no sería delito". Por lo general, la Policía que da seguimiento a los archivos de este tipo, sólo actúa "si ve que desde una misma IP se producen muchas descargas. Tiene que haber evidencias de que se comete un delito para que haya una detención".

Díez opina que, aunque no es obligatorio, lo más correcto sería denunciar el hecho para alertar a las autoridades. Sin embargo, el acoso al que se han visto sometidos los creadores y usuarios de los programas de intercambio de archivos por parte de sociedades de autores y demás, llegando a ser obligados a pagar multas millonarias en países como Estados Unidos, disuade a más de un internauta a guardar silencio acerca de su hallazgo. En España compartir archivos no es delito, pero existe cierta confusión al respecto. Por eso, subraya el abogado, "se recomienda no perseguir a las personas que se descargan archivos para que puedan colaborar".

Para terminar de despertar los recelos de los usuarios de internet, una sentencia emitida por el Tribunal Supremo en junio establece que los datos que circulan a través del programa 'eMule' no están protegidos por el derecho a la intimidad ni el derecho al secreto de las comunicaciones, por lo que la Policía puede acceder a ellos sin autorización judicial previa, alegando que "quien utiliza un programa P2P asume que muchos de los datos se convierten en públicos para los usuarios de Internet, circunstancia que conocen o deben conocer los internautas, y tales datos conocidos por la Policía, datos públicos en Internet, no se hallaban protegidos por el artículo 18-1º ni por el 18-3 de la Constitución".

La sentencia del Supremo venía a colación de un caso muy polémico que evidencia cómo una descarga por internet puede convertirse en un arma de doble filo. Una mujer de Tarragona fue detenida este año por haberse descargado varios archivos utilizando palabras clave como 'bebés', 'mamás', 'papás', 'niñas' o 'mamás con bebés'. La mujer borró los archivos antes de que la Policía llegara a su domicilio, pero no pudo evitar el arresto y el juicio posterior, del que fue absuelta al declararse nulas las pruebas que la incriminaban. Según la defensa, la obtención de los datos de la acusada en rastreos sin autorización judicial, vulneraba el derecho al secreto de las comunicaciones. El juicio tendrá que repetirse con las pruebas que antes fueron rechazadas y que sirvieron para que la Policía se presentara en el domicilio de esta mujer para detenerla por haberse descargado el material pedófilo, sin saber si fue deliberadamente o de manera fortuita.