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Un total de 460 jueces de la Comunitat están llamados a la primera huelga de la Justicia

EFE
Actualizado 16-02-2009 18:02 CET

Valencia.-  Un total de 460 jueces de la Comunitat Valenciana están convocados el próximo miércoles a una huelga de 24 horas que se convertirá, si nada impide su celebración, en la primera que lleva a cabo, tanto a nivel autonómico como nacional, la Administración de Justicia en España.

Entre magistrados de órganos unipersonales de capital de provincia y de los partidos judiciales provinciales, son 188 los jueces llamados a la protesta en la provincia de Valencia, 136 en Alicante y 43 en Castellón, a los que se suman los 93 jueces de las tres audiencias provinciales y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, según datos facilitadas a EFE por el TSJCV.

Los jueces unipersonales de la Comunitat reclamarán al Gobierno, entre otras medidas, la creación urgente de nuevos juzgados, inversión en nuevas tecnologías, equiparación porcentual de su número con la media de la Unión Europea y la puesta en marcha de manera inmediata de la oficina judicial.

La huelga está convocada por la Asociación Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, mientras que la Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia, las otras dos mayoritarias en la carrera judicial, no se han sumado a la iniciativa por considerarla "inoportuna" y "prematura" en pleno diálogo con el Gobierno, y se limitarán ese día a llevar a cabo actos "simbólicos" de protesta.

Por su parte, los jueces de las audiencias provinciales y del TSJCV, los fiscales y los secretarios judiciales de la Comunitat han manifestado que no secundarán la huelga, aunque han sido varias las voces de apoyo a las reivindicaciones de los jueces y, por ello, algunas de estas instituciones o colectivos han anunciado una "protesta simbólica" a las puertas de las dependencias judiciales.

Las asociaciones convocantes quieren que la disposición del Gobierno al diálogo "se materialice de verdad el día después del 18-F" porque, a su juicio, en la última reunión que mantuvieron con el Ministerio de Justicia no se atendió "ninguna" de sus reivindicaciones, "ni se fijó un calendario" de nuevos encuentros.

El Consejo General del Poder Judicial entiende que no existe "cobertura legal" para el ejercicio del derecho de huelga por parte de los jueces, por lo que da por no anunciada la convocatoria de paro y se ha negado a fijar los servicios mínimos.

Los jueces consideran que la huelga "sí tiene base legal" en el artículo 28 de la Constitución Española, que reconoce a todos los trabajadores ese derecho, y al Real Decreto Ley de 1977 de Relaciones de Trabajo, que regula el derecho de huelga de todos los colectivos, incluido el judicial.

Ante la negativa del CGPJ de fijar los servicios mínimos, han sido los comités de huelga -compuestos por seis jueces en Valencia, cinco en Alicante y cuatro en Castellón- los que los han fijado en una reunión celebrada el pasado fin de semana en Madrid.

Según han confirmado a EFE representantes del comité de huelga de la provincia de Valencia, los servicios que ofrecerán los juzgados el próximo miércoles serán "los lógicos": aquellos que tengan causas con preso, actuaciones urgentes o que afecten a derechos fundamentales, así como casos de violencia machista.

En todo caso, los representantes han llamado a los ciudadanos a la "tranquilidad" ante las consecuencias que pueda acarrear la huelga, aunque también han reconocido que "tiene que afectar algo, porque si no, no serviría".

Además, según han informado fuentes del Decanato de Valencia, hay jueces que han trasladado a otro día los señalamientos que tenían previstos este miércoles para causar las mínimas molestias a los ciudadanos, una iniciativa calificada de "estrictamente personal" por parte de cada juez.

"Amamos profundamente nuestra profesión pero queremos ejercerla con el estudio que merecen todos y cada uno de los asuntos que se tramitan", explica a EFE el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, quien espera que la protesta sea "masiva" y destaca que las mejoras reivindicadas benefician tanto a jueces como a ciudadanos.

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