Administradores judiciales de Martinsa cuestionan hoy las garantías bancarias

Madrid.-  Los administradores judiciales de Martinsa-Fadesa pedirán hoy al Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña que anule las garantías que tomaron las entidades acreedoras del grupo inmobiliario para asegurarse el pago de los créditos que le refinanciaron en 2008, informaron a EFE fuentes jurídicas.

Los administradores concursales, ya avisaron de que llevarían a cabo esa acción en su informe sobre la situación patrimonial de Martinsa-Fadesa.

Consideran que el contrato de refinanciación del 7 de mayo de 2008 no sólo no implicó inyección alguna de liquidez sino que supuso la constitución de nuevas garantías en favor de la banca y conllevó un "agravamiento de la deuda" del grupo por la comisión de 75 millones de euros que tuvo que pagar por variar las condiciones del préstamo.

Las 48 cajas, bancos y fondos de inversión que forman parte del sindicato que refinanció 3.742 millones de euros a Martinsa Fadesa aceptaron ampliar el plazo para que el grupo abonara su deuda hasta mayo de 2011 (con una prórroga de 24 meses más en función de determinadas circunstancias), si bien impusieron nuevas condiciones y exigieron garantías adicionales tanto reales como personales.

Según ponen de manifiesto los administradores concursales, la mayor parte de las entidades del sindicato bancario han renunciado a las garantías reales derivadas de la operación de refinanciación (en la mayoría de los casos también a las otorgadas en la financiación original), aunque no a las garantías personales.

Las entidades que tampoco han renunciado a las garantías reales son Banco Itáu, Shensei Bank y los fondos de obligaciones de deuda garantizadas Dalradian, Gillespie y Lightpoint Pan-European.

Las garantías reales exigidas por la banca en el acuerdo del 7 de mayo de 2008 abarcaban desde la pignoración del capital social de Martinsa-Fadesa y de todos los miembros del grupo a la constitución de una hipoteca sobre todos los activos.

Las garantías personales fueron otorgadas por filiales nacionales e internacionales, de las que cuatro (Fadesa Hungaria, Fadesa Portugal, la filial francesa Rive Gauche Groupe Fadesa y Eurogalia) se vieron obligadas a adherirse al contrato de refinanciación como acreditadas adicionales, con lo que se convertían en deudoras al mismo nivel que la matriz.

Según pusieron de manifiesto los administradores concursales en su petición al Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña para que prohibiera a la banca quedarse con activos en pago de sus créditos, "las entidades pretendían conseguir, con todo este entramado crediticio, garantizar absolutamente todo su crédito con la constitución de garantías sobre una parte muy significativa de los activos" de Martinsa.

En su opinión, el acuerdo de refinanciación era "en sustancia, un acuerdo de aplazamiento de deuda pendiente, sin aportación de liquidez, puesto que su contenido se limitó a modificar la fecha de vencimiento de las obligaciones ya contraídas, así como algunos otros extremos referentes al calendario de amortizaciones y a la liquidación de intereses, pero en ningún caso le permitió a la concursada la posibilidad de disponer de nuevos créditos líquidos".

En un auto del pasado 8 de enero, el juez Pablo González-Carreró prohibió de forma cautelar a las entidades financieras acreedoras de Martinsa-Fadesa que se hagan con los activos, en particular los situados en el extranjero, que aportó la inmobiliaria como garantía del pago de los préstamos refinanciados en 2008.

El magistrado entendió que la acción de reintegración que anunciaron los administradores concursales "quedaría comprometida si, para entonces, alguna de las entidades financieras hubiese logrado hacer efectivas, en pago de su crédito, alguna de las garantías cuya rescisión se persigue", especialmente las aplicadas sobre activos en el extranjero, no afectados directamente por el concurso de acreedores.