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El Congreso rechaza dejar en suspenso las nuevas centrales de Castejón

EFE
Actualizado 12-02-2009 18:06 CET

Madrid.-  El Pleno del Congreso ha rechazado hoy instar al Gobierno a dejar en suspenso, hasta que resuelva un recurso el Tribunal Supremo, la autorización de derechos de emisión de CO2 de la tercera central térmica de Castejón y la declaración de impacto ambiental de una curta.

La diputada de Na-Bai, Uxue Barkos, ha defendido una moción consecuencia de interpelación urgente, presentada en diciembre, sobre la posición del Ejecutivo en relación a la aplicación y cumplimiento del Protocolo de Kioto, especialmente en Navarra.

A la iniciativa se han opuesto los diputados del PSOE y del PP, mientras que ha contado con el respaldo de ERC-IU-ICV, el PNV y CiU.

Barkos ha recordado que en junio de 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra declaró nulo por sentencia el acuerdo del Ejecutivo foral que autorizaba la construcción de una central térmica en Castejón, la tercera en funcionamiento en la localidad.

Tras reconocer que el fallo está recurrido ante el Tribunal Supremo, la diputado ha pedido al Congreso que aprobara instar al Gobierno a no autorizar derechos de emisión de CO2 a la central térmica de Hidrocantábrico puesta en marcha en Castejón en septiembre de 2007 en tanto el Supremo no resuelva el recurso.

Además, la moción pedía que no se resuelva la declaración de impacto ambiental relativa al proyecto de una cuarta térmica en la zona hasta que el Tribunal Supremo no resuelva ese recurso.

Barkos ha insistido en que las centrales están a menos de 500 metros del núcleo urbano, así como "la apuesta" del Gobierno y de los socialistas por las energías renovables y más limpias.

El diputado del PP Santiago Cervera ha precisado que el debate no era sobre el cumplimiento de España del protocolo de Kioto, sino de la autorización administrativa para la instalación de una central térmica y ha reconocida que hay "un movimiento social" en contra de esta central.

Ha rechazado que la Cámara se convierta en "un eco de resonancia" cuando el Tribunal Supremo debe decidir y el Gobierno de Navarra está dispuesto a "recomponer el expediente de autorización".

María José Fernández, del PSOE, ha dicho que las centrales térmicas son un tema recurrente y ha recordado "la constante preocupación" que suscita el cambio climático, así como la alarma en la población, por lo que hay que tratar con "el máximo rigor" estos asuntos.

Ha destacado que el Gobierno apuesta por las energías limpias y menos contaminantes y que las centrales térmicas son más sostenibles que las de fuel y carbón y todas ellas sometidas a numerosos controles públicos directos.

Fernández ha subrayado que la central del Hidrocantábrico ha reducido sus emisiones para el período 2008-12 y, sobre la cuarta central, ha asegurado que el Ministerio esperará a la decisión del Tribunal Supremo.

Joan Herrera, diputado de ICV, ha señalado que hace falta coherencia en la prevención del cambio climático y se ha mostrado partidario de esperar a que el Tribunal Supremo resuelva, ya que su fallo puede suponer la revisión de los planes energéticos.

Se ha referido al actual momento de crisis, que ha supuesto que en enero y a pesar del frío generalizado se haya reducido en un 3 por ciento el consumo energético, por lo que "no tiene sentido multiplicar por dos las centrales térmicas".

En su opinión, hay que ir a un modelo de distribución eléctrica "más distribuido y no entendemos la concentración en determinados lugares, como en Castejón".

El diputado del PNV Joseba Aguirretxea ha considerado la propuesta de Na-Bai "justa, necesaria y de sentido común si nos creemos la prevención para el cambio climático", ya que "nos queda poco tiempo para hacer los deberes" previstos en el Protocolo de Kioto.

A su juicio, es de "subrrealismo energético" que en Castejón haya dos centrales térmicas, otra esté en construcción y otra más prevista.

Pere Macías, de CiU, ha insistido en que debe de haber un gran debate energético que permita afrontar los retos del cambio climático y dar respuesta a la dependencia energética del país, "con el máximo respeto a la legalidad vigente, que es lo que pretende la moción de Barkos".

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