Ginebra.- México presentó hoy su primer informe sobre derechos humanos ante el nuevo mecanismo creado en Naciones Unidas y admitió que se requieren más esfuerzos en el combate del tráfico de personas y la prevención de la tortura, las desapariciones forzadas y la discriminación.
En representación del Gobierno mexicano, el secretario de Gobernación (ministro del Interior), Fernando Gómez, sostuvo que actualmente la mayor amenaza contra los derechos humanos en su país es el crimen organizado.
Asimismo, destacó que el Programa Nacional de Derechos Humanos incluye compromisos por parte de las fuerzas armadas de promover las reformas en el terreno del procesamiento y de la aplicación de la justicia en los tribunales militares.
Gómez subrayó también la importancia que México atribuye a la libertad de expresión y mencionó que el Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley al Congreso para que se los ataques contra periodistas sean considerados como crímenes federales y que las autoridades federales sean las responsables de investigarlos.
Un informe sobre México presentado hoy por la Federación Internacional para los Derechos Humanos y el Observatorio Mundial contra la Tortura indica que en los últimos ocho años 24 periodistas fueron asesinados en ese país y que varios de ellos investigaban los casos de pornografía infantil en Cancún y los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.
Con respecto a este último tema, el ministro dijo que las instituciones públicas trabajan con la sociedad civil para resolver esos crímenes y, sobre todo, prevenirlos.
Representantes de una coalición de ONG que asistieron a la presentación del informe de México en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dijeron que uno de los temas que más destacaron otros países ha sido la militarización de las medidas de seguridad en el país latinoamericano.
En una conferencia de prensa, el secretario ejecutivo de la red de organizaciones "Todos los Derechos para todas y todos", Edgar Cortez, dijo que el ministro mexicano sostuvo que esa medida era provisional, aunque luego recordó que "empezó a aplicarse en 1995 y se ha intensificado con el actual gobierno".
"En doce años, esta militarización no ha significado más seguridad para los ciudadanos, y más bien ha dado lugar a violaciones de los derechos humanos por parte de los militares, como torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales", agregó.
Según Cortez, la política de seguridad en México obstruye la Justicia porque dichos casos van al fuero militar, que carece de independencia, de transparencia y al que es muy difícil que los civiles tengan acceso".
"En conclusión, se producen más violaciones de derechos humanos, hay mayor impunidad, pero no más seguridad", señaló.
En ese sentido, consideró que lo más importante de la participación de México en el mecanismo de Examen Periódico Universal (EPU) sobre los derechos humanos en la ONU podría ser que el gobierno aclare -en la etapa de seguimiento a las recomendaciones que recibirá- "en qué plazo y cómo los militares irán saliendo de las tareas de seguridad".
Por su parte, el director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga, sostuvo que su entidad "registró 50 casos violaciones graves a los derechos humanos entre 2007 y mediados de 2008".
Esos casos incluyen "asesinatos, allanamientos y violaciones de mujeres", indicó.
Está previsto que un informe final sobre México -que incluirá los aportes y recomendaciones del resto de países del Consejo de Derechos Humanos- sea adoptado el próximo viernes.
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