Oviedo.- El presidente del PP de Asturias, Ovidio Sánchez, ha acusado hoy al Gobierno regional de "plegarse sistemáticamente" a los intereses de Cataluña en la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica cuya aplicación podría poner "en grave riesgo" la aplicación de la Ley de Dependencia.
Después de que la portavoz del Gobierno regional, Ana Rosa Migoya, lamentara ayer que el PP eluda defender los intereses de Asturias en este proceso y calificara de "bochornosa" su actitud, Sánchez ha señalado que estas acusaciones reflejan "cierto nerviosismo" del Gobierno y un intento de "acallar" a los populares "con acusaciones de grueso calibre".
"No nos van a acallar, no nos amedrentan y no pueden dar lecciones de nada", ha subrayado el dirigente del PP que ha reiterado que la reforma del modelo de financiación "es un invento del Gobierno catalán, que es quien está dirigiendo la negociación y quien impondrá sus criterios a los demás".
Sánchez ha emplazado al Ejecutivo regional a no contar con el PP "para eso" y sí para defender los intereses de Asturias tal y como plantearon los populares en una carta enviada al Gobierno en el mes de octubre para afrontar la crisis económica y la negociación del modelo de financiación a la que el gabinete que preside Vicente Álvarez Areces "ni siquiera respondió fruto de su autismo político".
Para el dirigente popular, que ha comparecido en rueda de prensa junto a la diputada Inmaculada González, el desarrollo de la Ley de Dependencia debería ser "decisivo" en el nuevo modelo de financiación para evitar que, como ocurre hasta ahora según los datos del PP, el Principado tenga que aportar "más de lo que le corresponde" para aplicar esta normativa.
Según los responsables del PP, Areces "debe poner orden" en la Consejería de Bienestar Social que ofrece "datos confusos" sobre el desarrollo de la Ley ya que hace meses cifraban en 20 millones de euros la "deuda" del Estado con Asturias para su desarrollo "y ahora reducen esta cantidad a 4,5 millones".
González ha advertido que las cifras de solicitantes previstas en el Libro Blanco de la Dependencia superan las previsiones establecidas para 2020 y el reparto del crédito extraordinario de 400 millones de euros aprobado por el Gobierno central para financiar la Ley ha resultado "discriminatorio" para Asturias, a la que le correspondieron 12,5 millones de euros de este fondo.
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