Palma.- El Parlament de las Islas Baleares ha aprobado por unanimidad "dar su total apoyo" a los trabajadores de la fábrica de El Caserío en Mahón (Menorca) y a las instituciones de la comunidad y del Estado en su "lucha" para evitar que la multinacional Kraft, propietaria de la planta, cierre la factoría.
La sesión plenaria de hoy se ha clausurado con la manifestación unánime de este respaldo de la Cámara a los menorquines, tras aprobar por asentimiento dos proposiciones no de ley presentadas una por el PP y otra por el PSIB-PSOE, ambas en el sentido de mantener las negociaciones con Kraft e instarle a que reconsidere su decisión.
Todos los grupos parlamentarios han reconocido la importancia de esta factoría para la isla de Menorca, donde el cierre de la fábrica podría suponer no solo el despido de cerca de 180 personas sino la pérdida de "hasta 3.000 empleos indirectos", según ha detallado en su intervención la diputada del grupo mixto Marian Suárez.
Suárez, junto con el diputado del Bloc per Mallorca, Eduardo Riudavets, han dado su apoyo a ambas propuestas al subrayar que clausurar la planta de El Caserío, que representa el 8 por ciento del PIB de Menorca, podría significar pérdidas económicas a la isla de más de 12 millones de euros.
"El Caserío es ya de Baleares y forma parte de nuestro patrimonio", ha defendido la socialista menorquina Cristina Rita, quien junto con el resto de portavoces de los grupos parlamentarios ha criticado que haya empresas que lleven a cabo cierres de fábricas rentables aprovechando la excusa de la crisis económica.
A su juicio, no solo la clase política y empresarial sino la propia sociedad menorquina tiene "la percepción de que el cierre de El Caserío no responde a problemas económicos sino a estrategias empresariales", ha incidido Rita.
En sus intervenciones, los diputados de los diferentes grupos han coincidido en remarcar que Kraft tiene una responsabilidad social con Baleares, después de recibir ayudas del Govern y del Consell insular y de hacer que empresarios de transporte y empresas colaboradoras invirtieran para adaptarse a la multinacional.
En este sentido, el Parlament constata que el cierre de la fábrica ocasionaría un grave perjuicio económico y social para Menorca e insta al Govern balear a intervenir con todos los medios y recursos legales a su alcance, coordinados con las administraciones insulares y estatales, para lograr el mantenimiento de la factoría.
El diputado popular Jaume R. Tadeo se ha mostrado convencido de que, en este asunto, "la fuerza del Govern es sumamente importante", pero ha señalado que "debe serlo no solo en palabras sino en hechos".
Para ello, ha pedido que se hagan comparecencias en el Parlament para informar periódicamente acerca de cómo van las negociaciones y acciones que el Govern, junto con el Consell de Menorca, el Ayuntamiento de Mahón y el Gobierno central están realizando.
La socialista Cristina Rita, por su parte, ha insistido en la necesidad de velar por las industrias de la comunidad "tal y como se hace con los productos autóctonos" para que Baleares "no se vea abocada al monocultivo del turismo".
En la sesión plenaria de hoy también se ha debatido una moción presentada por el diputado popular José María Rodríguez, en la que se solicitaba la aplicación del plan especial de transporte de mercancías peligrosas y que ha sido rechazada por 28 votos a favor y 29 en contra.
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