Bruselas.- La Comisión Europea (CE) presentó hoy la posición que podría defender la Unión Europea (UE) en la negociación de Copenhague de un acuerdo internacional sobre cambio climático que sustituya al Protocolo de Kioto y sugirió, entre otras cosas, la creación de un mercado global de derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2).
En una comunicación, destinada a lanzar el debate dentro de las instituciones comunitarias y que ya ha sido criticada por su falta de ambición, el Ejecutivo comunitario expone cuáles son los esfuerzos que la UE está dispuesta a realizar en materia medioambiental y qué espera de los demás actores internacionales.
La CE reclama la actuación de los países industrializados y de las naciones en vías de desarrollo, de manera que la reducción global de emisiones alcance el 50 por ciento en 2050.
Los estados más pobres deberán recortar sus emisiones entre el 15 y el 30 por ciento, de aquí a 2020, para lo que tendrán que reducir los gases procedentes de la deforestación tropical y adoptar estrategias de desarrollo limpio que cubran los principales sectores emisores antes de 2011.
Bruselas, por su parte, reitera el compromiso comunitario de reducir las emisiones contaminantes en un 20 por ciento para 2020 (un 30 por ciento en caso de que se logre un acuerdo internacional).
En cuanto al sistema de comercio de emisiones de CO2, la CE propone que en 2015 exista un verdadero mercado del carbono que incluya a todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para lo que habrá que armonizar los sistemas nacionales existentes en la actualidad.
El comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, destacó en rueda de prensa que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se ha comprometió a adoptar un sistema similar al de comercio de emisiones en la UE y que países como China, Brasil y México también han propuesto medidas similares.
Además, informó de que una delegación comunitaria ya está camino de EEUU para iniciar consultas: "Esperamos poner en marcha un grupo de trabajo UE-EEUU para diseñar estos mercados y establecer procesos similares con otros países de la OCDE", destacó.
La CE sugiere que para ayudar a los países más pobres a reducir sus emisiones y adaptarse al cambio climático, las naciones industrializadas les concedan apoyo financiero, pero en una de las últimas modificaciones de la propuesta ha retirado la cifra concreta que proponía que alcanzasen las ayudas: 30.000 millones de euros.
Preguntado al respecto, Dimas se limitó a decir que esa cifra "podría ser la adecuada" y rehusó entrar en los detalles de por qué había sido retirada del texto.
La CE sí ha concretado que si se quiere lograr los objetivos de reducción mencionados habrá que aumentar la inversión suplementaria mundial neta en unos 175.000 millones de euros anuales en 2020 y añade que alrededor de la mitad de ese importe debería destinarse a países en vías de desarrollo.
Las organizaciones ecologistas, como Greenpeace y WWF, creen que la propuesta de la CE contiene "cierta retórica en la dirección correcta", pero coinciden en que no recoge compromisos lo suficientemente concretos como para que la UE desempeñe un papel efectivo en la Cumbre de Naciones Unidas de Copenhague, en la que se espera lograr un nuevo acuerdo que sustituya al de Kioto, en 2012.
Otras, como Amigos de la Tierra, consideran que el documento puede servir como base para las negociaciones a escala comunitaria hasta fijar una posición definitiva de la UE.
La Comisión también considera necesario que se revise el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) previsto en el Protocolo de Kioto, que permite que los países industrializados inviertan en proyectos medioambientales en naciones en vías de desarrollo y contabilicen esa inversión en su cómputo de reducciones nacionales.
Bruselas considera que en la actualidad no hay procedimientos de control y seguimiento adecuados y es difícil determinar si los proyectos que reciben fondos cumplen los requisitos básicos de calidad.
Asimismo, subraya que este mecanismo debería ser sustituido de manera progresiva por un mecanismo sectorial de asignación de créditos y por sistemas de limitación y comercio de emisiones, en especial para los países más desarrollados.
El texto tiene que ser aún analizado por las demás instituciones comunitarias -Consejo, Parlamento Europeo y órganos consultivos- y está previsto que el Consejo Europeo ofrezca su respuesta el próximo mes de marzo.
El presidente de la Eurocámara, Hans-Gert Pöttering, se ha mostrado satisfecho con la propuesta y ha considerado que se trata de "un paso importante" para animar a nuestros socios internacionales a sumarse a la lucha contra el cambio climático.
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