Buenos Aires.- El ex marino argentino Alfredo Astiz solicitó su "inmediata libertad" al reclamar que se confirme una polémica resolución judicial que el mes pasado dispuso su liberación y la de otros 16 represores de la última dictadura militar, dijeron hoy fuentes judiciales.
La petición fue presentada el lunes por el abogado de Astiz, Juan Aberg Cobo, ante la Cámara Nacional de Casación Penal, que ordenó liberar a los represores que actuaron en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), la principal cárcel clandestina del régimen que gobernó entre 1976 y 1983, precisaron los portavoces.
El fallo, dictado el 17 de diciembre último y que generó la reacción indignada de organismos humanitarios y del Gobierno, fue suspendido un día después a raíz de un planteo del fiscal Raúl Plee, quien presentó un recurso contra la liberación de los acusados.
En su presentación, Aberg Cobo consideró que la resolución de la Cámara de Casación debe quedar firme, al señalar que "carece de la arbitrariedad que el representante del Ministerio Público (fiscal) pretende atribuirle en su apelación extraordinaria, pues lo decidido por dicho tribunal se encuentra suficientemente fundado como acto jurisdiccional válido".
Astiz, apodado "Ángel de la muerte", es uno de los principales símbolos de la represión ilegal de la dictadura y ha sido procesado en varias causas por delitos de lesa humanidad que lo mantienen en prisión desde comienzos de 2004.
Aberg Cobo indicó que el ex marino "está detenido en una celda individual de cemento de 4,5 metros por 2,5 metros aproximadamente, oscura, mal ventilada y particularmente sucia", donde "las paredes estaban manchadas de desechos y material genético humanos y aparecían insectos, alimañas y animales por las noches", lo que consideró una afectación a sus "derechos humanos".
En ese sentido, advirtió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que "la detención en condiciones de hacinamiento, con falta de ventilación y luz natural, sin cama para el reposo ni condiciones adecuadas de higiene, en aislamiento e incomunicación o con restricciones indebidas al régimen de visitas, constituyen una violación a la integridad personal".
Las cifras oficiales señalan que unas 18.000 personas desaparecieron en la dictadura a manos de grupos paramilitares, pero los organismos humanitarios elevan el número de víctimas a 30.000.
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