Rechazan crear una comisión de investigación porque el PSC no quiere excluir a Luengo

Santa Cruz de Tenerife.-  El pleno del Parlamento de Canarias rechazó hoy la constitución de una comisión de investigación sobre el caso Tebeto al no aceptar el grupo Socialista, promotor de la iniciativa, la condición impuesta por Coalición Canaria y el Partido Popular de que la diputada socialista Francisca Luengo no estuviera presente en la comisión.

El rechazo de la comisión se produjo tras un debate polémico con numerosos reproches acerca del año y del responsable de las resoluciones recurridas por Canteras Cabo Verde y que fueron objeto de una sentencia que obliga al pago de más de 92 millones de euros como indemnización por concepto de lucro cesante.

Durante el debate, CC y PP pidieron que Francisca Luengo , que era secretaria general técnica de la Consejería de Industria en 1993, y a quien reprochan ser la causante del inicio de este asunto, no estuviera en la comisión.

Hecho al que se negó el PSOE, cuyo portavoz en esta materia, Manuel Fajardo, afirmó que se estaba asistiendo al mayor linchamiento hacia una persona que se había producido en la Cámara autonómica.

Fajardo indicó que la condición impuesta por CC y PP es de "difícil cumplimiento" porque se trata de recortar los derechos constitucionales de una parlamentaria, pero aceptó que se investigue "todo lo que les de la gana"

Manuel Fajardo dijo que se trata de un asunto de interés público ya que si el Tribunal Supremo no lo remedia habrá que pagar más de 92 millones de euros a Canterías Cabo Verde por el lucro cesante, cantidad que supone el 1 por ciento del Producto Interior Bruto y el dos por ciento del presupuesto de la Comunidad Autónoma.

Indicó que su grupo no permitirá el mínimo intento de ser amordazado, ni amenazado con acciones judiciales y afirmó que quiere que se investigue lo acontecido sobre este asunto desde 1982 "sin paréntesis, sin lapsus y sin periodos de amnesia".

Fajardo afirmó que a los socialistas les escandaliza la pasividad y la desidia del Gobierno de Canarias ante los litigios relacionados con este tema, y reiteró que el asunto comenzó en noviembre de 2004 con Luis Soria al frente de la Consejería, cuando se firmó una resolución que concedió a Canteras Cabo Verde la explotación minera de la montaña de Tebeto.

Agregó que fue como consecuencia de esta concesión, que no se pudo ejecutar, por la que Cabo Verde reclamó la indemnización de 104 millones de euros en concepto de lucro cesante, y aclaró que en los actos recurridos por la empresa minera no hay resolución alguna adoptada por la Consejería de Industria en 1993, cuando gobernaba Jerónimo Saavedra (PSC-PSOE).

Preguntó por qué se no se presentó una pericia alternativa a la de Canteras Cabo Verde donde cifraba los daños y perjuicios en 104 millones de euros, y lamentó que en aquel momento el Gobierno de Canarias "no estaba ni se le esperaba" y cuestionó , entre otros aspectos, que la resolución dictada en 2004 fuera de firma forzosa y no se accediera a otro sistema no lesivo para la Comunidad Autónoma.

Pidió que se defienda el interés general y que no se tenga que indemnizar a una empresa "que sin mover ni una sola piedra le ha tocado la lotería", y señaló que sería indigno que no hiciera nada para no tener que pagar.

Miguel Cabrera Pérez-Camacho, del grupo Popular, dijo que todo lo dicho por el grupo Socialista sobre este asunto podría servir para escribir un libro sobre el arte de la mentira y la tergiversación, y afirmó que los socialistas haciendo uso de un descaro "desconocido en la política canaria" huyen hacia delante.

Manifestó que el "largo dedo" de la justicia apunta hacia una Consejería de Industria en la "que no se sabía quién era Alí Baba y quién los 40 ladrones", y señaló que en la cocina de ese departamento había una cocinera que se llamaba Francisca Luengo y en ella se preparó "un pastel deforme y putrefacto que ha llegado hasta 2008 en forma de 92 millones de indemnización más intereses".

Estos datos, agregó el diputado popular, son hechos constatables y probados jurídicamente y ahora se debe saber si fue realizado de forma consciente o por una incompetencia, y preguntó donde estaba la secretaria general de Industria que permitió que diera una concesión a otra empresa sin antes declarar la caducidad del derecho de investigación que tenía Cabo Verde.

Cabrera dijo que una comisión de investigación debe aclarar si fue chanchullo o incompetencia y, aunque afirmó que quiere una investigación exhaustiva, no espera mucho de su resultado porque han transcurrido 16 años, han fallecido personas importantes que podían haber aclarado este tema, y ha habido dos sentencias judiciales que exculpan al hermano del presidente del PP, José Manuel Soria.

José Miguel Barragán, portavoz de Coalición Canaria, preguntó si el grupo Socialista quiere aclarar algo, ya que ha tenido como portavoz "del caso Luengo a la propia señora Luengo", y señaló que hay antecedentes de otros casos en los que los socialistas han vetado la presencia de un diputado en una comisión de investigación.

Barragán señaló que el origen de todos los males fue la resolución de enero de 1993 y la propia sentencia reconoce que esta resolución, por la que se caducaba el permiso de investigación a Cabo Verde, dio pie a otra que fue la concesión de una explotación minera a Canterías de Arucas, condicionada a la publicación del concurso de adjudicación.

La ley de minas, agregó Barragán, establece que no se puede dar una concesión sin antes haber producido la caducidad del derecho de investigación, y se refirió a las labores, que, según el reglamento interno, tienen los secretarios generales técnicos.

Barragán indicó que Luengo ha mentido sobre su participación en los hechos y opinó que no hará de la sospecha un beneficio, como en su opinión hace el secretario general del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, con el "derecho de sospecha", y entiende que todo este caso se debe a un cúmulo de errores.