Madrid.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado hoy que el Ejecutivo dialogará con las asociaciones de jueces para analizar su situación, pero ha advertido de que su objetivo será defender el interés general y que no habrá subidas salariales por encima de las presupuestadas.
Zapatero, en una entrevista a Onda Cero, ha refutado que las críticas del Gobierno a la sanción impuesta a Rafael Tirado sean la causa del enfrentamiento con las asociaciones judiciales, pero ha sugerido que desde el caso Mari Luz se han escuchado pronunciamientos judiciales que antes no se oían.
El presidente ha insistido en que el Ejecutivo está en su legítimo derecho y en su deber de discrepar públicamente sobre la multa impuesta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha reiterado que habrá reformas legales para precisar la responsabilidad de los jueces, que son un poder independiente pero también servidores públicos.
Sin embargo, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha aseverado que el caso del juez Tirado "está flotando" en las protestas de los jueces, que han amenazado con una huelga para el 26 de junio si no se atienden sus reivindicaciones.
En declaraciones a la Cadena Ser, Bermejo ha afirmado que el origen de las protestas de las cuatro asociaciones judiciales, que convocaron ayer un acto reivindicativo para el 18 de febrero, está en el malestar suscitado por las declaraciones del Ejecutivo a favor de aumentar la multa de 1.500 euros que el CGPJ impuso a Tirado por el caso Mari Luz.
En opinión del ministro, los jueces no deberían poder ir a la huelga, ya que, al ser titulares de un Poder del Estado, no pueden permitirse ese "lujo", porque es una "traición" al mandato de los ciudadanos, aunque ha matizado que es el CGPJ el organismo que debe tomar una decisión al respecto.
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, en declaraciones a EFE, ha calificado de "populachera" y "decepcionante" la reacción de Bermejo, quien, a su juicio, sólo intenta que los jueces queden como "los malos de la película".
Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Miguel Ángel Gimeno, ha aclarado que la decisión de convocar un acto de protesta para el próximo 18 de febrero se ha adoptado "una vez que se ha concluido" el asunto del juez Tirado.
El portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, ha pedido a Bermejo y al presidente del CGPJ, Carlos Dívar, que reciban a las asociaciones judiciales para discutir sus peticiones, con las que ha dicho estar de acuerdo porque están encaminadas a dotar de medios materiales la Administración de Justicia.
Sobre la amenaza de huelga, Trillo ha recordado que el PP no la apoya por considerarla "mala para un Estado de Derecho", pero sí ha defendido a la plataforma reivindicativa de jueces y magistrados frente al "desprecio" con el que, ha dicho, las ha tratado el ministro.
El vocal del CGPJ Manuel Torres Vela ha manifestado en un acto en Málaga que no cree que en la actualidad se den las condiciones necesarias para convocar la huelga de los jueces, y ha anunciado que lo más prudente es dejar que dicho órgano trabaje en un plan de modernización que recoge las reivindicaciones de la carrera judicial.
El diputado de IU, Gaspar Llamazares, ha puntualizado que la Constitución no recoge ninguna limitación al derecho a la huelga, pero ha subrayado que no deja de ser "llamativo" que las mismas organizaciones que eligieron el CGPJ sean las que convocan la protesta.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha culpado directamente a Bermejo de los problemas que atraviesa el sistema judicial y ha rechazado el argumento del ministro sobre el caso del juez Tirado como detonante de la amenaza de huelga.
El PSOE de Huelva ha calificado de "vergonzosa" la actitud del juez Rafael Tirado de llamar a los jueces a la huelga, mediante un correo corporativo judicial en Internet remitido ayer.
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