BILBAO.- El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha decidido archivar la causa por supuesta desobediencia abierta contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, los representantes socialistas, Patxi López y Rodolfo Ares, y los cinco representantes de la izquierda abertzale, entre ellos, Arnaldo Otegi, por mantener reuniones estando Batasuna ilegalizada por sentencia del Tribunal Supremo, que prohibió a esta formación cualquier actividad. El presidente del Tribunal que juzga este caso, Manuel Díaz de Rábago, anunció su voto particular contrario a esta decisión.
El Tribunal decidió sobreseer el procedimiento penal con el posicionamiento favorable de los magistrados Anton Subinas y Juan Carlos Benito Butrón, al considerar que no existe acusación legítima para seguir el juicio oral al no poderse llegar a vista oral en un procedimiento abreviado cuando ejerce la acción penal la acusación popular.
A este pronunciamiento realizará un voto particular el presidente del tribunal, Manuel Díaz de Rábago, quien estima que la acusación popular está legitimada en este tipo de procedimientos para el ejercicio de la acción penal, aunque sea esta acusación popular la única que lo inste. Esta misma semana se emitirá una sentencia con la resolución.
La decisión del TSJPV la dio a conocer Manuel Díaz de Rábago a primera hora de esta mañana, después de que el pasado jueves, en la primera y única sesión del juicio, tanto la Fiscal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma Vasca, María Angeles Montes, como la defensa de López y Ares, y de los cinco representantes de Batasuna, solicitaran el archivo de la causa en base a la 'doctrina Botín', por la que el TS afirmó que no se podía abrir juicio oral si la promovía la acusación popular, sin que ejercieran la acción penal la Fiscalía o la acusación particular.
Pese a que este argumento ha sido también defendido a lo largo de toda la instrucción por la representación legal del lehendakari, ésta decidió, al comenzar la vista oral, que, una vez que los encausados ya han sufrido "la pena de banquillo" y visto que, en reiteradas ocasiones, se le ha denegado el sobreseimiento del caso, su pretensión es que el juicio se celebre hasta el final para que se pueda demostrar "la inocencia" del presidente del Gobierno vasco, "y de todos los demás".
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