Una imagen histórica de consecuencias imprevisibles

Por fin ha arrancado en Bilbao el juicio contra el lehendakari Juan José Ibarretxe y Patxi López, del que se viene hablando desde hace ya más de dos años. Por si has estado en coma durante todo este tiempo, o has estado viviendo en Marte, o sencillamente el tema no te ha interesado lo más mínimo, vamos a hacer un resumen rápido de lo que se juzga: cinco 'batasunos' han sido imputados por desobedecer la sentencia de la sala 61 del Tribunal Supremo que ilegalizó su formación política en 2003 al reunirse con miembros del PNV y el PSE para buscar una salida negociada a la violencia de ETA durante el proceso de alto el fuego de 2006. En estos encuentros tomaron parte el lehendakari Ibarretxe, el actual candidato del PSE a ese cargo, Patxi López, y el secretario de organización de los socialistas vascos, Rodolfo Ares, quienes han sido imputados por el mismo delito de desobediencia, pero en el papel de "cooperadores necesarios", ya que sin su intervención, lógicamente, los dirigentes de la ilegalizada Batasuna no habrían incurrido en ningún delito porque las reuniones nunca habrían tenido lugar.

Para algunos expertos, este proceso va a tener menos recorrido que el trazado del AVE a Galicia. Por ejemplo, Mariano Bacigalupo, profesor de Derecho en la UNED, baraja tres razones que hacen pensar en la absolución de, al menos, los políticos procesados de PNV y PSE: considera que "hay un consenso amplio entre penalistas de que es una imputación muy forzada"; que "el Ministerio Fiscal pide la absolución de los acusados, lo que supone un indicio de las dificultades para que la acusación alcance sus objetivos"; y que "la nueva composición de la sala que va a dictar sentencia tiene un carácter menos conservador que la que acordó la apertura del juicio oral". Una decisión que no debió tomarse, desde el punto de vista de Bacigalupo.

Y es que, los magistrados que ordenaron la celebración de la vista de hoy desoyeron en su día, incluso, un auto emitido por el Tribunal Supremo a través del cual se archivaba una denuncia semejante contra el presidente Zapatero, Patxi López y Ares, promovida por Manos Limpias —organización presidida por el ex dirigente de la formación de ultraderecha Frente Nacional, Miguel Bernad—, por las negociaciones efectuadas en el marco del proceso de paz. Entonces se dijo que las reuniones con Batasuna no eran un delito porque no había una orden expresa que lo prohibiera. De este modo, aunque no estaban obligados, los magistrados que decidieron la apertura del juicio oral contra Ibarretxe, López y Ares no atendieron la explícita resolución que entonces emitió el máximo tribunal por un caso semejante.

Todo este caso podría leerse como un episodio más del eterno soniquete sobre la conveniencia de negociar con las organizaciones afines a los terroristas en la búsqueda de una salida dialogada al conflicto vasco. Sin embargo, este juicio eleva el tono de la discusión habitual, al sustraerla del plano político y llevarla hasta el ámbito judicial, lo que comporta consecuencias mucho más contundentes. Por ejemplo, es la primera ocasión en la que un lehendakari resulta encausado penalmente. Pero, además, ofrece una imagen de un enorme contenido simbólico: la de Ibarretxe y Patxi López, candidatos a las elecciones autonómicas del primero de marzo, sentados en el banquillo junto a los miembros de la ilegalizada Batasuna.

Una imagen imprevisible

En primer lugar, desde un punto más superficial, la imagen es muy poderosa por el contraste que ofrece entre el aspecto de empollón de Patxi López y el rostro más adusto y severo de los 'batasunos', lo que produce un efecto parejo al de encontrarse al niño de un anuncio de Kinder en mitad de una fiesta 'rave'. Y, en segundo lugar, y desde una perspectiva más honda, al revelar cómo la lógica política y la lógica judicial no responden a los mismos estímulos, como ya reconoció el Tribunal Supremo al pronunciarse sobre el archivo de la causa promovida por Manos Limpias, cuando afirmaba que controlar la acción del Gobierno no es función de los tribunales. De momento, todos los acusados han coincidido en denunciar el ingrediente político del juicio.

Cuando las dos acusaciones populares (Foro de Ermua y Dignidad y Justicia) dieron inicio a la causa, la situación política era bien diferente a la actual. Una de sus intenciones era, precisamente, la de conseguir una imagen potente que permitiera ilustrar el discurso de dichas asociaciones, en línea con la postura del Partido Popular. Y qué mejor imagen que la de sentar en un mismo banquillo a 'batasunos', socialistas y 'peneuvistas'. Sin embargo, durante el tiempo que se ha tomado la Justicia en la instrucción del caso las cosas han cambiado. El discurso en contra de la negociación ha cobrado un tinte de óxido y trae resonancias de la legislatura pasada, cuando la prédica política de los 'populares' era mucho más beligerante en materia antiterrorista (una posición que a la larga sembró escasos réditos electorales). De este modo, esa misma imagen que hace un par de años hubiera tenido una lectura, ahora puede interpretarse de un modo diferente, alejado a los intereses primigenios de las acusaciones del PP.

Por ejemplo, Mariano Bacigalupo opina que la imagen tiene una lectura muy clara en clave nacionalista. Y es que, a menos de dos meses de la celebración de las elecciones, "la fotografía permite cerrar filas al PNV en torno a su candidato", debido a la previsible orientación absolutoria de la sentencia. "Y la imagen, además, cobra una enorme carga simbólica de reafirmación nacionalista", como se ha encargado de subrayar Urkullu en sus declaraciones previas al juicio: sentar en el banquillo "al máximo representante institucional de la sociedad vasca" es, también, "enjuiciar a los vascos". Eusko Alkartasuna, por su parte, ha emitido un comunicado en el que considera "esperpéntico e intolerable que en un sistema que se dice democrático sean juzgados dirigentes políticos por realizar su trabajo, por hacer política". Además, el grupo político ha reclamado la creación de un poder judicial vasco "por ser la única manera de que disfrutemos de un sistema judicial que de verdad sea garante de todos los derechos".

La izquierda abertzale más radical también puede aprovechar la celebración del juicio para realizar una campaña propagandística en favor de su causa y enfatizar su discurso independentista, al sentirse maltratada por las instituciones, como se ha encargado de transmitir Arnaldo Otegi antes del inicio del juicio, al hablar de la "naturaleza antidemocrática del Estado español" y considerar que la vista oral sería "imposible" que se desarrollara "en otras latitudes europeas". Del mismo modo, el ex portavoz de Batasuna ha añadido que este procedimiento "quiere transmitir que hablar, que dialogar, que buscar soluciones y no culpables es algo perseguible en el Estado español".

Patxi López también ha opinado sobre el proceso subrayando su "claro impulso político", derivado de "la estrategia de judicializar la política de la derecha y del PP, que llevaba a los tribunales aquello que era incapaz de solventar en la crítica y el debate político". El Partido Popular vasco no se ha quedado atrás y, en boca de su presidente, Antonio Basagoiti, ha manifestado que "no vale decir que la intención [de las negociaciones] era buena, cuando lo que se ha hecho es dar bola a ETA".

Aún se desconoce la influencia que este proceso puede puede tener en las próximas elecciones. Pero lo cierto es que todos los grupos políticos están intentando imponer su propia lectura del proceso y devolver al terreno político un discurso que, tal vez, nunca debió salir de éste y que, tras su paso por la vía judicial, puede traer efectos inesperados y que no fueron previstos al inicio del proceso, hace ya más de dos años.