Murcia.- El secretario general de la organización agraria ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez, confió hoy en que la crisis no suponga una destrucción del empleo agrícola en la Región porque el sector, apuntó, "se encuentra en un buen lugar de competencia" a pesar de la inestabilidad del mercado.
Gálvez, que presentó el balance del año de su agrupación, calificó 2008 como un ejercicio "complicado" debido al incremento de los costes de producción, el déficit hídrico, la fiscalidad agraria y las políticas europeas que favorecen la "desregulación del mercado".
Sin embargo, cree que en 2009 la agricultura regional "volverá a considerarse un sector estratégico regional, frente a la tendencia de los últimos años en los que se ha primado a otros sectores".
Respecto al déficit hídrico, Gálvez mostró su "preocupación" por la reforma del estatuto de Castilla La Mancha que "pretende poner fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura" y por la renovación de los planes de cuenca, ya que "desde esta comunidad pretenden aumentar el caudal ecológico del Tajo para limitar las transferencias del acueducto".
En este sentido, Gálvez exigió que se lleve a cabo un gran pacto del agua con los agentes sociales y criticó la "insuficiente" política hídrica llevada a cabo por el Gobierno central en las dos últimas legislaturas.
Por otra parte, señaló la necesidad de crear un modelo fiscal "que tenga en cuenta los altibajos del sector y permita a los agricultores continuar con la actividad".
Al respecto, dijo que se han producido cambios fiscales positivos como "la recuperación de las deducciones a los trabajadores por costes de producción que se había eliminado en 2007, la nueva regulación de la seguridad social o las bonificaciones a las mujeres cotitulares de explotaciones agrícolas", aunque pidió la reducción de los módulos para determinados agricultores, "principalmente para los de cítricos, que se encuentran en una situación crítica".
Gálvez se refirió también a las medidas adoptadas por la Unión Europea en el sector agrícola y mostró su oposición a la "limitación del uso de productos fitosanitarios para el control de plagas, ya que podría suponer la reducción del 50 por ciento en la producción" y al nuevo reglamento "que elimina normas de comercialización y calidad en determinados productos".
Indicó que esta nueva medida "supone la apertura de fronteras a países con menores exigencias en la producción y la ruptura del mercado homogéneo que se ha impulsado en los últimos años".
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