El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de hoy se presentaba como uno de los más interesantes desde que, hace más de tres meses, sus nuevos componentes se estrenaran en sus funciones. Desde entonces, el Consejo ha tratado de mostrar una imagen de hiperactividad y unidad. Sin embargo, su decisión de mantener la sanción para el juez Tirado, finalmente, se ha transformado en el recrudecimiento de la disputa entre el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia.
La decisión sobre el futuro del juez cuyos errores dejaron el camino libre de obstáculos a Santiago del Valle para supuestamente cometer el asesinato de la niña Mari Luz ha sido uno de los debates más transitados por la Justicia en las últimas fechas (pero no el único, ni mucho menos). Así pues, después de mucho tiempo e incontables divagaciones, el Pleno ha decidido mantener la multa de 1.500 euros y no suspender durante un tiempo al polémico juez. Muchos periodistas esperaban este día, ya que, según las expectativas, podían aparecer los primeros síntomas de división en el seno del Consejo, entre los vocales progresistas y los conservadores. Algo indudablemente noticioso.
Pues bien, si bien se ha podido distinguir algún atisbo de división en este sentido (los vocales nombrados por el PP han votado en bloque a favor de no aumentar la sanción, mientras que cuatro de los propuestos por el PSOE se han manifestado en sentido contrario, coincidiendo con la línea marcada por el Gobierno), la verdadera división es la que se ha producido entre los vocales de extracción judicial y los juristas de reconocida competencia.
Y es que el Consejo está compuesto por 12 jueces y magistrados y por ocho de los llamados "juristas de reconocida competencia". Finalmente, 11 de los jueces y magistrados han votado a favor de mantener o reducir la sanción al juez Tirado, mientras que cinco de los juristas se han manifestado defensores de ampliar la sanción. ¿Corporativismo? La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, ha negado rotundamente cualquier acusación de este tipo, afirmando que se trata de una decisión "legal y sujeta a derecho".
Sin embargo, las posibilidades del Consejo oscilaban desde la petición de la Fiscalía (tres años de sanción para el juez de Sevilla) hasta la petición del propio juez Tirado (obviar cualquier tipo de multa y sanción). Este amplio margen de acción demuestra el alto contenido interpretativo de la decisión, por lo que la disparidad entre la opinión de jueces y juristas no ayuda a despejar las dudas de corporativismo.
Desde un primer momento, tanto el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, como la vicepresidenta De La Vega, se mostraron partidarios de una sanción más dura para el juez Tirado, acorde con la petición de la Fiscalía. Entonces, los jueces reaccionaron contra el Gobierno con acusaciones de no respetar su independencia. Bermejo, por su parte, se escudó en que su opinión no tiene por qué determinar la actuación de los jueces, de modo que no existía ningún tipo de intromisión.
Ahora, tras la decisión del Pleno de mantener la sanción a Tirado, el rechazo de Bermejo ha subido un peldaño en intensidad y ha anunciado su intención de reformar y endurecer el régimen disciplinario de los jueces. "El Gobierno estudiará la reforma en profundidad del régimen disciplinario de los jueces y llevará al Parlamento una ley para evitar que hechos así [la multa a Tirado] puedan volver a repetirse", ha asegurado el ministro en declaraciones a Efe.
Desde hace ya tiempo, se viene produciendo un debate sobre el supuesto trato de favor que reciben los jueces a la hora de pagar por sus errores, debido a que son los propios jueces quienes se encargan de aplicar sanciones a sus colegas. Esta presunta endeblez de las sanciones contrasta con la mayor dureza que se impone a secretarios y funcionarios, los otros componentes de la Oficina Judicial. El caso Mari Luz ha traído un ejemplo paradigmático de esta situación, ya que la secretaria judicial del juzgado de Tirado, Juana Gálvez, fue sancionada por el Ministerio a dos años de suspensión de empleo y sueldo, mientras que el titular del juzgado ha recibido una sanción comparativamente ínfima: multa de 1.500 euros. Y es que ambos poderes actúan con una lógica enfrentada: mientras el Poder Judicial actúan movidos por el corporativismo y el mero afán de defender sus intereses (según el punto de vista del Gobierno), el Ministerio de Justicia trata de ofrecer una imagen de tomarse las cosas en serio, de tener mano dura y desviar la atención sobre el mal endémico de la Justicia, que es la ausencia de medios (según reclaman los jueces).
La decisión de Bermejo de reformar el régimen sancionador no ha calado muy bien entre los jueces, como ha demostrado en sus declaraciones algunos magistrados y asociaciones mayoritarias. De este modo, la actual solución que se ha dado al caso del juez Tirado (la Fiscalía ha anunciado que recurrirá al Supremo, y tal vez también lo haga el juez Tirado), en lugar de suponer el punto y final del debate, ha ampliado el campo de batalla entre ambos poderes, lo que se suma a la convulsa situación que vive el Poder Judicial ante las amenaza de huelga que planea de cara al mes de febrero. Y eso que la colaboración entre ambas instituciones es esencial para alcanzar la ansiada modernización de la Justicia.
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