El mantenimiento de una media de 20.000 puestos de trabajo durante los 12 años en los que está prevista la ejecución del proyecto es la cifra mágica que ha hecho que las administraciones implicadas en la Operación Chamartín dejen de lado sus diferencias y pongan en marcha un desarrollo urbanístico que transformará el norte de la capital, cerrando la herida abierta que suponen las vías.
Tras 15 años de negociaciones infructuosas, Ayuntamiento de Madrid y Ministerio de Fomento por fin han encontrado un punto en común sobre el que basar este acuerdo, en el que se invertirán un total de 10.953 millones de euros provenientes de los beneficios de la propia operación.
Ya el pasado jueves, el alcalde de la ciudad, Alberto Ruiz-Gallardón, reconocía que, "paradójicamente", ha sido la crisis la que ha permitido "avanzar hasta el punto de cerrar" el proyecto. "Nos hemos dado cuenta de que no podemos desaprovechar de ninguna forma la oportunidad de generar miles de puestos de trabajo", decía entonces Gallardón.
Este desarrollo urbanístico, calificado como el mayor de Europa, prevé la construcción de 16.000 viviendas -4.000 de ellas protegidas- en parte de los terrenos que se liberen con el soterramiento de las vías que aún discurren por esa zona. Pero, con un mercado inmobiliario absolutamente paralizado como el actual, y con un stock de viviendas que supera el millón de unidades en todo el país, hay quien se pregunta si éste es el mejor momento.
Lo lógico es pensar que las tareas de soterramiento de los 3 millones de metros cuadrados de vías, así como el resto de obras de infraestructura ocuparán los primeros años de esta obra faraónica, dando margen para que el mercado inmobiliario se recupere.
Además de las viviendas, en este ámbito de más de tres millones de metros cuadrados –es decir, 2,5 veces el Retiro, o el equivalente a 300 campos de fútbol- se destinarán 1,2 millones de metros a oficinas, para lograr hacer "un ámbito equilibrado y sostenible que contribuirá a fortalecer la economía", según Gallardón, para quien esta zona se convertirá en el "vertebrador del norte de Madrid como distrito financiero, junto con las cuatro torres de la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, el Centro Internacional de Convenciones, la nueva sede del BBVA, o el Distrito C de Telefónica".
También se reserva espacio para hoteles, superficies comerciales, edificios dotacionales y equipamientos privados, creando un ámbito equilibrado y sostenible que contribuirá a fortalecer la economía.
Está previsto que el nuevo remate norte de la capital aloje "hitos arquitectónicos". De hecho, el primer proyecto para la zona, realizado por el arquitecto Ricardo Bofill, planteaba la construcción de varios rascacielos.
Para mejorar el transporte, se cerrará la M-30 norte mediante un by-pass que conectará la avenida de la Ilustración y Pío XII; se prolongará la línea 10 de Metro con cinco nuevas estaciones, y se harán conexiones de transporte entre Tres Olivos y Las Tablas, así como cinco nuevas conexiones transversales este-oeste en Fuencarral -cuatro en superficie y una en túnel- para mejorar la conectividad urbana.
Fomento aprovechará, también, para ampliar y mejorar la estación de Chamartín, previendo las necesidades de crecimiento tanto para fortalecer las Cercanías como para expandir y reequilibrar el sistema de alta velocidad. Así, invertirá 1.000 millones de euros para ampliar las instalaciones ferroviarias, que pasarán de tener 120.000 metros cuadrados a 200.000, con la adición de once vías y seis andenes nuevos. Además, se permitirá el acceso a sus dos vestíbulos -uno de llegadas y otro de salidas- desde las cuatro fachadas, y se prepararán 4.000 plazas más de aparcamiento.
El departamento que dirige Magdalena Álvarez acometerá asimismo la construcción del nuevo túnel Atocha-Chamartín del AVE, que "se abrirá el 10 de enero para evitar que el tráfico que no tiene que entrar por Madrid congestione la ciudad y para hacer una estación con dos terminales, Atocha y Chamartín, incrementando su capacidad global y conectando ferroviariamente el norte y el sur de España", ha explicado la ministra. También se ejecutará la línea de Cercanías entre la T-4 de Barajas y Chamartín, "que ya ha comenzado".
La Operación Chamartín nació en 1993, de la mano de Josep Borrel como ministro de Obras Públicas, y con José Mª Álvarez del Manzano como alcalde de Madrid. Pero desde entonces se han sucedido los obstáculos, básicamente burocrático-políticos, que han ido retrasando un proyecto faraónico pensado para modificar el diseño urbanístico del norte de la ciudad.
Fomento aporta 2.067 millones de metros cuadrados (66%), el Ayuntamiento, 319.458 metros cuadrados (10,2%); los propietarios no públicos, 557.205 metros cuadrados (17,8%); y la Comunidad de Madrid, 176.161 metros cuadrados (5,6%). Los intereses del Ministerio están gestionados a través de la empresa Duch, formada por BBVA y la constructora gallega San José, que se adjudicaron el proyecto en 1993.
Históricamente, la viabilidad del desarrollo ha chocado con dos grandes obstáculos: por un lado, su rentabilidad, cuya clave está en la edificabilidad permitida; y, por otro, los reversionistas –más de mil familias descendientes de los propietarios a los que el Estado expropió en los años 40 y 50 para construir la estación de Chamartín y que entienden que tienen derecho sobre ese suelo que la Administración se quedó en su día para darle un uso público y ahora volverá a ser residencial-.
El director del equipo jurídico de la Asociación de Reversionistas de Chamartín, Antonio Luis Vázquez, ha asegurado que esas familias están "en disposición de colaborar» para que el proyecto «vaya adelante». Sin embargo, advierte que no va a cejar en su empeño para que se reconozca el "derecho a que reviertan esos terrenos al patrimonio de los expropiados y que se patrimonialice después a cambio de un precio para desarrollar la operación".
Así, exige que los promotores reconozcan su derecho de reversión, "como han hecho –asegura Vázquez- con la Compañía de Jesús, a la que se expropiaron 116.000 metros cuadrados y que ha recibido una parcela de 20.000 en el mismo ámbito para construir una universidad».
La solución a este conflicto podría producirse en seis o siete meses, que es el plazo en que la asociación calcula se resolverá el contencioso administrativo que planteó en 2000, un año después de su constitución.
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