Zaragoza.- El Gobierno de Aragón y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino invertirán 15 millones de euros hasta 2011 en cinco comarcas aragonesas para promover proyectos de gestión de recursos naturales, agua, energías renovables y diversificación económica, entre otras actuaciones.
Cinco Villas, Comunidad de Calatayud, Cuencas Mineras, Jacetania y Maestrazgo son las comarcas beneficiadas con estas inversiones, que financia al cincuenta por ciento el Gobierno de Aragón y el Ministerio y que tienen por objetivo compatibilizar la conservación y el respeto del patrimonio natural con el desarrollo.
Para ello, se pondrán en marcha programas piloto en las cinco comarcas que servirán de referencia para la aplicación y puesta en marcha de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, aprobada en 2007.
El jefe del Gobierno de Aragón, junto al secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, ha presidido hoy la firma de estos convenios, que servirán, ha destacado, para poder "incidir de una manera intensa en el desarrollo rural en nuestro país".
Tanto el Ministerio como los gobiernos autonómicos y comarcas han comprendido que el desarrollo rural debe ser "integral", no sólo basado en la agricultura y la ganadería, y con este nuevo modelo se persigue actuar en las zonas "más frágiles" para poder hacer "una especie de tratamiento de shock", ha añadido Iglesias.
Se trata de actuar en comarcas en las que "hay que hacer una inyección potente", ya que en Aragón, como en otras comunidades, la mitad de la población vive en una gran ciudad y existe un extenso territorio con zonas muy frágiles en las que si no se actúa con energía y rapidez "se nos pueden venir abajo", ha señalado.
Iglesias ha avanzado que hoy han sido los consejeros de Medio Ambiente, Alfredo Boné, y Agricultura, Gonzalo Arguilé, los que han firmado estos convenios con el secretario de Estado, pero en el futuro, entendiendo el desarrollo rural como una cuestión global, podrán intervenir otros departamentos.
Por su parte, Puxeu ha destacado que el 80 por ciento del territorio español es rural, pero sólo lo habita el veinte por ciento de la población, y las administraciones públicas tienden a "tapar" las demandas con cifras, como de inversión por habitante.
Ha reconocido que hay territorios frágiles con colectivos cuyas necesidades "no las arregla sólo la capacidad de producción que tengan", y ha insistido en que son los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos los que conocen bien las demandas y deben definir dónde actuar de forma prioritaria.
En ese sentido, ha hecho hincapié en la importancia de que las administraciones pongan "la oreja" para atender las demandas puntuales de esas zonas, teniendo en cuenta que las grandes políticas agrarias, medioambientales, sociales o de infraestructuras llegan por otra vía.
Es una ley y una manera de hacer "absolutamente nueva" que no intenta suplir ni la política agraria ni la medioambiental, sino escuchar a los propios territorios y colectivos y apoyar sus demandas, ha señalado.
El consejero de Medio Ambiente, por su parte, ha indicado que está pendiente de firma un sexto convenio para el área de la Reserva de la Biosfera y la zona de influencia del Parque Natural Posets-Maladeta para proyectos que contarán con una inversión de otros cuatro millones de euros.
Arguilé ha explicado que fue el propio Gobierno central el que entendió que el nuevo modelo de desarrollo rural tenía que partir de una ley de concertación para que la financiación sea compartida y comprometida por ambas administraciones para que los proyectos salgan del propio territorio y se impulse la diversificación económica para dar más oportunidades a quienes viven y trabajan en el medio rural.
Iglesias ha recordado además que al amparo de esta nueva ley también se ha iniciado otro proyecto piloto en otra zona muy frágil, la Ribargorza Románica, que en este caso supone una colaboración entre dos Comunidades, Aragón y Cataluña, y que está funcionando "muy satisfactoriamente".
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