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Javier Madrazo atribuye a los comicios el retraso para aprobar la ley de Vivienda

EFE
Actualizado 16-12-2008 16:41 CET

Vitoria.-  El consejero vasco de Vivienda, Javier Madrazo, ha atribuido hoy a la cercanía de las elecciones la imposibilidad de que se apruebe la ley de Vivienda durante esta legislatura, aunque se ha mostrado convencido de que sí que se hará en la próxima, "independientemente de quien gobierne".

Madrazo ha realizado estas declaraciones tras la reunión del Consejo de Gobierno Vasco, en el que se ha dado luz verde al proyecto de ley de Vivienda.

Este proyecto, sin embargo, no podrá convertirse en ley durante esta legislatura, ya que el Parlamento Vasco se disolverá, previsiblemente, a finales de este mes de cara a la convocatoria de elecciones autonómicas para el mes de marzo.

El consejero ha recordado que su Departamento ha tratado de alcanzar un pacto con PSE-EE, EHAK y Aralar para "hacer posible su tramitación en un tiempo récord".

"Lo hemos intentado hasta el final, pero no ha sido posible. La proximidad de los comicios autonómicos, la proximidad del cierre de la legislatura, y las prioridades políticas derivadas a un periodo marcadamente preelectoral han impedido un acuerdo de mínimos", ha lamentado.

A pesar de ello, el consejero ha explicado que su Departamento ha optado por llevarlo al Consejo de Gobierno para su aprobación, "para poner de manifiesto que es una propuesta del Gobierno Vasco en su conjunto y no solo de EB, como intencionadamente se ha dicho".

Asimismo, se ha mostrado convencido de que en la próxima legislatura, "más allá de quien gobierne y de quien sea el responsable de Vivienda, este proyecto se aprobará en el Parlamento Vasco porque es el mejor para Euskadi, el más progresista".

En cuanto a su contenido, el proyecto incluye el compromiso de garantizar la construcción de 35.000 viviendas en alquiler en un plazo máximo de diez años y apuesta por la penalización fiscal de las viviendas vacías, entre otras medidas.

También incluye el concepto de "venta forzosa" mediante la obligación de poner a disposición de la Administración las viviendas de protección pública cuando sus titulares compren otra vivienda en el mercado libre.

Reconoce el derecho de acceso a la vivienda como derecho subjetivo y apuesta por "la movilización" de viviendas vacías "hacia el alquiler" mediante medidas de fomento.

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