Madrid.- Uno de los socios del local Moma, clausurado recientemente a raíz de la muerte del joven Álvaro Ussía en otra sala de ocio, ha asegurado hoy que su imputación en el 'caso Guateque' se debe a una denuncia anónima de 2007 en la que se le acusa de extorsionar a dos funcionarios del Ayuntamiento de Madrid.
Así lo ha dicho a los periodistas Miguel R.T. antes de declarar durante poco más de media hora ante el titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Santiago Torres, que investiga la supuesta trama de corrupción dedicada a agilizar las licencias municipales a cambio de dinero.
La denuncia indica que en 2002, cuando iniciaron los trámites para obtener la licencia, los socios de Moma pagaron 24.000 euros a la funcionaria del distrito de San Blas Sara López -también imputada en el caso- y le regalaron un coche al concejal de distrito "que estaba en ese momento (para animarle a decidir favorablemente)".
El autor de esta delación anónima, con entrada en los Juzgados en noviembre del pasado año, insinúa ser funcionario del Ayuntamiento -"limpia el nombre de los funcionarios que somos decentes", apela al instructor- e invita al juez a ponerse en contacto con él a través de la sección de anuncios del periódico 'El País'.
El gerente de Moma, Alberto V.G., ha considerado que los socios y trabajadores del local están siendo víctimas del "ensañamiento" del consistorio a raíz de la muerte del joven Álvaro Ussía el pasado 15 de noviembre a las puertas de la discoteca El Balcón de Rosales, lo que motivó el cierre de numerosas salas de ocio de la capital.
No obstante, el gerente ha reconocido que Moma lleva funcionando sin licencia desde diciembre de 2002, cuando se iniciaron los trámites para conseguirla, después de que una comisión de calificación medioambiental emitiera un informe favorable a la apertura del local.
"Tras pasar por los juzgados, en 2005 la Comisión Territorial indicó que Moma necesitaba tres licencias para funcionar -una para cada actividad: restaurante, cafetería y restaurante-espectáculo- y desde entonces estamos a la espera. Tenemos todos los informes favorables, sólo nos falta el de la sección técnica", ha señalado el gerente.
El juez también ha interrogado hoy sobre la sala Moma a Victoriano Ceballos, jefe de la división de Impacto Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente y presunto líder de la trama, "por una intervención que hizo en 2002 y por la que se dio paso a la comisión medioambiental, que era la que en aquel momento tenía que evaluar", según ha explicado su letrado.
Ceballos ha asegurado no saber "ni qué es Moma ni cuál es su actividad", aunque ha reconocido ante el juez los documentos que firmó en 2002.
No obstante, se ha desvinculado del nuevo informe medioambiental solicitado por Moma en 2005 -tras la decisión de la Comisión Territorial de que necesitaba tres licencias para funcionar-, al datar de diciembre de 2007, cuando Ceballos se encontraba en prisión.
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