MADRID.- La declaración de concurso de acreedores de Habitat ha destapado la guerra abierta que desde hace algo más de un año mantienen sus principales socios. El golpe de efecto no ha gustado al segundo accionista de la compañía, Rafael del Pino (Ferrovial), que intenta impugnarlo. Sin embargo, abre la puerta para la maniobra de los minoritarios, que pretenden revocar la operación de compraventa de Ferrovial Inmobiliaria por parte de Habitat, llevada a cabo en diciembre de 2006. Las cartas están sobre la mesa, ¿quién se llevará el 'gato al agua'?
Para el abogado Ignacio Fernández Aguado, socio de CMS Albiñana y Suárez de Lezo, se trata de un simple "juego de estrategias para ganar tiempo", pero, en su opinión, lo más seguro es que no triunfe ninguna de las iniciativas y el concurso de acreedores de Habitat siga adelante. Eso sí, "pueden complicar el procedimiento" y hacer más dura, si cabe, la agonía de la inmobiliaria catalana.
Todo comenzó el 28 de diciembre de 2006, cuando Habitat compró la división inmobiliaria de Ferrovial, con un coste de 2.200 millones de euros (incluida una deuda de 600 millones). Se convertía así en la quinta promotora del país, con una facturación de 993 millones anuales. Pero la operación se realizó sin aportar caja, apoyada por un un crédito de 1.600 millones concedido por un consorcio de 38 entidades financieras.
A finales de septiembre de 2007, se realizaba una ampliación de capital, por importe de 225 millones, ya prevista en el acuerdo de compraventa, y que suponía la entrada en el accionariado de Ferrovial (20%), Isak Andik (Mango), Dolores Ortega (Inditex), José Antonio Castro (Hesperia), Leopoldo Rodés (Mediplaning), y Emilio Cuatrecasas. Tras la operación, la participación del presidente, Bruno Figueras, y de Josep Suñol, hasta el momento únicos propietarios, quedaba reducida al 55%. Sin embargo, la ampliación de capital no sirvió para solucionar la precaria situación financiera de la compañía, que reconocía su imposibilidad para afrontar el crédito contraído.
A partir de este momento, todo se reduce a negociaciones con la banca acreedora para aplazar los pagos, a buscar compradores para algunos de los edificios de la inmobiliaria y para Don Piso, y a un aumento de las tensiones entre los accionistas de referencia. En medio de este polvorín, un ERE que pone en la calle a la mitad de la plantilla.
Así, un año después de consumarse la unión de la compañía catalana con la división inmobiliaria del grupo de la familia Del Pino; cuando las promesas de rentabilidad y el dinero invertido por los minoritarios —por cada 1% pagaron seis millones de euros y juntos suman el 25%— se habían esfumado, el completo elenco de primeras fortunas que habían entrado en la compañía con la ampliación de capital, se pusieron en pie de guerra.
Para ellos, los culpables de todos sus males son los socios mayoritarios. Rafael del Pino, el vendedor; aquel que se embolsó 770 millones en plusvalías al deshacerse de una división que ya no consideraba estratégica; y Bruno Figueras y Josep Suñol, que endeudaron a Habitat con la banca por 1.745 millones de euros.
Su primera actuación fue conjunta: abandonaron el consejo de administración y presentaron una demanda para impugnar los acuerdos adoptados en la junta de accionistas del 27 de diciembre de 2007 al entender que eran ilegales. El juez no creyó necesario tomar medidas cautelares, pero ellos siguieron adelante con la denuncia, que fue desestimada el pasado noviembre. A partir de aquí, las posiciones entre unos y otros se dividieron: unos optaron por la vía de la paciencia y la espera, y otros por la beligerancia.
Quienes primeros levantaron el hacha de guerra fueron José Antonio Castro, dueño de la cadena hotelera Hesperia, y Dolores Ortega, sobrina del empresario gallego Amancio Ortega, que el pasado abril presentaban en un Juzgado de lo Penal de Barcelona una querella criminal "por estafa" contra los principales accionistas. En su opinión, las promesas con que entraron en Habitat no se habían cumplido y buscaban la manera de salir de la 'trampa' en la que se había convertido su inversión.
Ahora, estos minoritarios estudian la posibilidad de revocar la operación de compraventa de Ferrovial Inmobiliaria amparándose en el artículo 71 de la Ley Concursal, que dice: "Declarado el concurso, serán rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración, aunque no hubiese existido intención fraudulenta". Es decir, que para que la intentona se pueda llevar a cabo, era necesario que la compañía se declarase en concurso de acreedores, y eso ya no es un obstáculo.
"El hecho de que entren en la compañía casi un año después de cerrada la compraventa, no juega a favor de la revocación", dice Fernández Aguado. "Si decides invertir transcurridos casi doce meses de que se realice la operación, sabes a lo que te enfrentas, una revocación no tiene sentido. Es más —explica este abogado—, tiene mucho menos sentido intentar revocar la compraventa a tan sólo unos días del plazo de expiación (dos años anteriores a la fecha de declaración) que marca la ley".
Mientras tanto, Del Pino no se ha cruzado de brazos. Viendo las orejas al lobo, ha decidido impugnar el concurso de acreedores de Habitat, presentando la solicitud pertinente ante el Juzgado número 3 de lo Mercantil de Barcelona. Con esta decisión, Ferrovial pretende someter a la opinión de la Justicia si la solicitud del concurso voluntario de acreedores es competencia del consejo de administración.
Pero es difícil que esta iniciativa prospere, ya que, para hacerlo, habría que "demostrar que Habitat no está en situación de insolvencia", según Fernández Aguado. Mientras tanto, el proceso concursal sigue adelante, según marca en el artículo 21.2 de la Ley, que especifica que el proceso "será ejecutivo, aunque se recurra".
Es decir, que todo esto no es más una pelea de patio de colegio; la rabieta de aquéllos que, acostumbrados a ganar, se revuelven como un gato panza arriba cuando pierden; una lucha de titanes (por el tamaño de sus fortunas). Y quienes más tienen que perder son los trabajadores de la compañía que se quedan en la calle, los acreedores (más que los bancos, las compañías suministradoras de material, seguros...), los que esperan una casa 'marca' Habitat...
Los analistas creen que una posible solución, al menos a corto o medio plazo, hubiera pasado porque los minoritarios suscribieran una ampliación de capital y que Ferrovial comprara activos a Habitat por el mismo precio al que los vendió. Así, las entidades financieras hubieran estado dispuestas a convertir parte de la deuda en acciones, como ya ocurrió en Colonial o en Metrovacesa. Pero ninguno de los socios quiso tener ese gesto de 'buena fe'. Ahora el polvorín ha estallado y se desconoce cuál será el panorama cuando el humo de la explosión desaparezca.
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