Madrid.- El Gobierno español dijo hoy que desea que la principal petrolera del país Repsol YPF siga "dirigida por españoles", pero dio a entender que no intervendrá en un eventual proceso de compra del 30 por ciento de la compañía por parte de la rusa Lukoil.
Los movimientos en torno a la compañía hispano argentina se aceleraron hoy con el anuncio de la entidad financiera La Caixa de que está dispuesta a vender a la petrolera rusa su 12,68 por ciento de Repsol si Sacyr y Lukoil llegan a un acuerdo sobre el 20 por ciento que pertenece a la constructora.
La aseguradora Mutua Madrileña también se mostró dispuesta a vender sus participaciones, cifradas en un 2 por ciento.
La compañía rusa sondeó hoy a las entidades financiadoras de Sacyr sobre la posibilidad de que le presten 5.200 millones de euros para pagar su entrada en Repsol, el mismo importe que concedieron a la constructora en 2006 para comprar su participación.
Los bancos se reunieron con Lukoil y le exigieron que, además de poner como garantía las propias acciones de Repsol YPF, presente otras adicionales de primer nivel.
La reunión entre los bancos y Lukoil fue adelantada por La Caixa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que además mostraba su disposición a vender parte del paquete que mantiene en Repsol YPF a través de Criteria (9,1 por ciento) y Repinves (6,1 por ciento, compartido con Caixa Catalunya) si la petrolera rusa y Sacyr llegan a un acuerdo.
La aseguradora Mutua Madrileña, que es accionista de la constructora (5 por ciento) y tiene un 2 por ciento de Repsol YPF, también estaría dispuesta a vender si hay un pacto, aunque exigiría un precio mínimo de 27 euros por título, dijeron a Efe fuentes del mercado cercanas a la operación.
Lukoil quiere hacerse con un 29,9 por ciento de Repsol YPF, aunque oficialmente ha declinado pronunciarse sobre la operación. "Sin comentarios. No puedo decirle nada", dijo en una conversación telefónica con Efe un portavoz de la empresa.
Total y Royal Dutch Shell, citadas también como posibles candidatas para hacerse con la participación de Sacyr, rehusaron asimismo hacer comentarios.
A finales de 2006 Sacyr compró un 20 por ciento de Repsol YPF con un préstamo avalado con los títulos de la petrolera. El mecanismo diseñado en el crédito estipulaba que si las acciones caen por debajo del umbral pactado con la banca, se deberían aportar garantías adicionales.
Esto le obligó a aportar títulos de Testa, su filial patrimonial, pero si los títulos de Repsol bajan de 12 euros antes del 28 de diciembre o si caen por debajo de los 14 euros a partir de esa fecha, Sacyr deberá hacer nuevas aportaciones.
La crisis económica ha hundido las bolsas y endurecido el acceso a nuevos créditos por lo que Sacyr se encuentra en una situación insostenible.
En la sesión de hoy los títulos de Repsol YPF y de Criteria, que fueron suspendidas de negociación a la apertura del mercado, se revalorizaron el 2,28 y el 8,15 por ciento y cerraron en 13,91 y 2,52 euros por título, respectivamente.
Las acciones de Sacyr, que no fue suspendida, fueron las más alcistas de la Bolsa y se apuntaron una subida del 15,35 por ciento.
EL Gobierno, a través de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, destacó de nuevo hoy que se trata de una operación de compañías privadas y que una intervención del Ejecutivo supondría que "nos estaríamos retrotrayendo a tiempos pasados".
No obstante, dijo que el Gobierno desea que Repsol YPF continúe "dirigida por españoles" y con un plan industrial "positivo para el interés estratégico de la garantía de suministro".
Según el portavoz de Energía de la Comisión Europea, Ferrán Tarradellas, la cláusula de protección del mercado energético europeo frente a países terceros no se puede aplicar en este caso porque sólo se refiere a redes de energía y, además, aún no está en vigor.
La entrada de la compañía rusa en Repsol YPF provoca recelo en la oposición, y la "número dos" del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, criticó hoy al Gobierno y afirmó que Lukoil procede de un país en el que "los procesos de intervención de los mercados" y la propia economía de mercado, son "dudosos".
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