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Solbes dice que las nuevas medidas tendrán "varios requisitos" porque el margen fiscal es "más limitado"

EUROPA PRESS
Actualizado 19-11-2008 18:16 CET

MADRID.-  El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, aseguró hoy que las nuevas medidas que ponga en marcha el Ejecutivo tendrán que cumplir "varios requisitos" porque el margen fiscal de España es ahora "más limitado".

Así lo puso de manifiesto Solbes durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda en el Congreso de los Diputados, donde explicó que las nuevas medidas tendrán que ser de carácter temporal, coordinadas a nivel internacional y dirigidas a mitigar el impacto de la actividad económica en el empleo.

El vicepresidente económico aseguró que hay tres instrumentos para mitigar el impacto de la crisis financiera en la economía real: la política monetaria, en manos del Banco Central Europeo, las medidas financieras y las de estímulo fiscal.

En este sentido y tras repasar todas y cada una de las iniciativas puestas en marcha por el Ejecutivo desde que ganara las últimas elecciones, Solbes recordó que España se anticipó al estímulo fiscal que ahora se recomienda en el marco internacional, con una inyección total de unos 40.000 millones de euros en 2008, circunstancia que ahora limita el marco de actuación español.

"Me sorprende que, en ocasiones, se consideren actuaciones de poca importancia", señaló Solbes, tras asegurar que la política española ahora afronta dos grandes retos: suavizar el fuerte impacto de la crisis sobre la actividad económica y seguir trabajando para lograr un modelo de crecimiento a largo plazo más equilibrado, motivo por el que el Ejecutivo continúa trabajando "intensamente" en el ámbito de las reformas estructurales, "esenciales" para impulsar la competitividad y el crecimiento potencial de la economía.

Solbes recordó que la economía mundial está inmersa en una crisis financiera "sin precedentes" con el consiguiente impacto en la economía real en casi todos los países. A su juicio, desde el pasado mes de agosto, la crisis de las hipotecas de EE.UU. cobró virulencia y comenzó a afectar a mercados financieros internacionales con un moderado impacto en España.

Para hacer frente a la nueva situación, deteriorada por un constante incremento del precio del crudo y de otras materias primas, así como por el aumento del Euríbor, el Gobierno adoptó una serie de iniciativas en el mes de abril para hacer frente al deterioro económico y proteger el poder adquisitivo de los hogares, como la deducción de 400 euros en el IRPF, el alargamiento sin costes de las hipotecas y la supresión del Impuesto de Patrimonio.

Además, para aliviar las dificultades de liquidez, el Ejecutivo amplió la línea de avales del Tesoro para pymes y la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para financiación de vivienda protegida y la devolución mensual de IVA con efecto a partir de 2009.

A partir de aquí, el vicepresidente explicó que, tras el agravamiento de la crisis a la vuelta del verano a raíz de la quiebra de Lehman Brothers, se hicieron necesarias "medidas urgentes" y coordinadas para hacer frente al deterioro del sistema financiero, así como iniciativas por parte del Ejecutivo español para afrontar los cambios en la coyuntura mundial.

Por este motivo, el Gobierno actuó "con diligencia" con medidas financieras coherentes con lo acordado en Europa con un triple objetivo: enviar un mensaje de confianza a los mercados de capitales, al sector financiero, a las empresas y a los ahorradores; introducir las medidas necesarias para evitar que los problemas de liquidez afecten al funcionamiento de la economía española; y garantizar la financiación a largo plazo.

INICIATIVAS FINANCIERAS

El vicepresidente repasó las características de las cuatro iniciativas que contempla el paquete financiero: la ampliación de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos hasta los 100.000 euros para generar confianza, la creación del Fondo de Adquisición, no como un plan de rescate sino como medida para favorecer la liquidez, y la concesión de avales para la financiación de entidades para restablecer la confianza y el buen funcionamiento de los mercados de crédito.

Solbes se refirió también a la autorización que ha recibido el Ministerio de Economía y Hacienda para adquirir títulos de entidades, aunque recordó una vez más que se trata de una medida excepcional, tomada con carácter preventivo y para mantener la coordinación europea que el Gobierno no prevé emplear en el futuro.

Según Solbes, se trata de una batería que sigue las recomendaciones de la CE y que da respuesta a los distintos problemas que afronta el sistema financiero español, y que además han sido complementadas con otras iniciativas orientadas a reducir el coste de la crisis financieras sobre los más vulnerables, que en este caso son las familias con especiales dificultades y las pymes.

MEDIDAS PARA FAMILIAS Y PYMES

En este sentido, recordó que este mismo mes el Gobierno ha aprobado un nuevo paquete de medidas específicas de apoyo a las familias hipotecadas, con el objetivo de facilitar una moratoria temporal en la obligación del pago de la cuota hipotecaria a los desempleados y la reducción de las retenciones de IRPF y los pagos fraccionados para trabajadores que se aplican la deducción por adquisición de vivienda con financiación ajena.

Asimismo, se refirió a la ampliación del plazo de la cuenta ahorro-vivienda, y al plazo adicional que permite el Ejecutivo para vender la vivienda habitual cuando previamente se ha comprado otra, así como a las bonificaciones de 1.500 euros para las empresas que fomenten la contratación indefinida o la ampliación hasta el 60% de la capitalización por desempleo a parados que pretendan convertirse en trabajadores por cuenta propia.

Además, Solbes recordó que el Gobierno también aprobó el pasado 13 de noviembre otro conjunto de medidas para facilitar la financiación a las pymes a través del ICO por ser las que atraviesan más dificultades, reforzando las cuatro líneas de Fomento Empresarial del Instituto, ampliando la línea ICO-Proinmed, creando una nueva línea de 10.000 millones para atender las necesidades de financiación de capital circulante, creando una moratoria de un año para titulares de la línea ICO-pyme y poniendo en funcionamiento una nueva línea ICO-Vivienda.

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