París.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) considera que la recesión económica en España se agudizará el año próximo, con una caída del Producto Interior Bruto (PIB) del 0,9%, y que en 2010 debería llegar una débil recuperación, con un crecimiento del 0,8%.
"El largo periodo de fuerte crecimiento prácticamente ininterrumpido desde comienzos de los años 90 ha terminado", señala en un informe sobre España que publica hoy la OCDE, que advierte que eso se traducirá en "cambios económicos duraderos y profundos".
Estas previsiones son más pesimistas que las que hace unas semanas habían presentado el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea, que esperaban una contracción del PIB español del 0,2% el próximo ejercicio, y quedan muy lejos de la subida del 1,1% que la propia OCDE había dado para España en su informe semestral de perspectivas de junio.
Los efectos de este nuevo panorama, que ya se están dejando sentir en el mercado del empleo, van a "amplificarse" en 2009, de forma que la tasa de paro pasará de una media del 10,9% este año al 14,2% el próximo y al 14,8% en 2010, según los autores del estudio.
Uno de los pocos elementos alentadores es la moderación de la inflación, que debería bajar al 1,8% el próximo ejercicio, tras el 4,4% en 2007, en cifras medias armonizadas.
La OCDE señala que en este contexto, y aunque España cuenta con "dos bazas notables" que son un sector financiero "bien armado" para resistir a la contracción de la actividad y la rápida expansión de la educación superior desde hace dos décadas, la prioridad debe ser reformas estructurales que permitan movilizar el potencial existente y explotar nuevas fuentes de crecimiento.
La primera de esas grandes reformas es la flexibilización del mercado laboral, del que se critica "el rigor de la legislación de protección" de los trabajadores con contratos fijos que "sigue favoreciendo el recurso generalizado a los contratos temporales".
El conocido como el "Club de los países desarrollados" apuesta por reducir las indemnizaciones por despido para los trabajadores fijos para disminuir las diferencias con respecto a los temporales e incluso sugiere eliminarlas completamente con el establecimiento de un contrato único "universalmente aplicable".
El segundo punto pendiente para que España pueda alcanzar el nivel de vida de los países más avanzados es la mejora de un sistema educativo que ahora presenta una tasa de abandono escolar "anormalmente elevada", unos resultados escolares en la enseñanza obligatoria sensiblemente inferiores a la media de la OCDE y pocas universidades entre las de renombre internacional.
Para combatir el fracaso escolar se propone aumentar la cualificación de los enseñantes, no sólo de los futuros, sino de los que ya están en funciones, y también dar más espacio en los centros de secundaria a materias opcionales de carácter profesional.
Otro reto es precisamente hacer más atractiva la formación profesional, y para conseguirlo se sugiere evaluar los centros que imparten estas enseñanzas en función de la facilidad con que sus alumnos consiguen empleos cualificados, unos resultados que tendrían que hacerse públicos.
En esa misma línea, la financiación de las universidades, a las que habría que dar mayor autonomía, debería estar en función de los resultados, que también han de poderse comparar.
La OCDE hace un llamamiento para promover la eliminación de obstáculos a la competencia, que "siguen siendo importantes" en sectores como los transportes, el correo y las telecomunicaciones, donde las mejoras en productividad han sido "mediocres" si se comparan con los países del entorno.
En términos generales, la receta es que haya "organismos de regulación sectoriales independientes", que las decisiones sobre la regulación no estén sometidas al control del Gobierno y que los contratos de altos responsables de los organismos de tutela no sean renovables, para evitar influencias políticas.
Algunas de las ideas concretas de la OCDE es suprimir los precios reglamentados de la electricidad para los particulares, licitaciones para las licencias del transporte de viajeros por carretera sin privilegiar a los operadores existentes o acabar con las limitaciones para la implantación de hipermercados que imponen las comunidades autónomas.
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