Bogotá.- El Gobierno colombiano adoptó hoy medidas para enfrentar el fenómeno de las "pirámides" financieras que ofrecen rendimientos exorbitantes por fuera del sistema bancario y que desataron un auténtico furor en Colombia, después de causar grandes quiebras en otros países.
Para ello, el Ejecutivo colombiano declaró al país bajo estado de emergencia social, lo que le permitirá expedir medidas de urgencia por un plazo inicial de 30 días, con las que buscará sancionar a los captadores ilegales de fondos y que el público recupere los ahorros confiados a esas empresas.
Al amparo de esa situación constitucional, se emitieron a la madrugada de hoy los cuatro primeros decretos, uno de los cuales aumenta las penas por captar dinero sin permiso, luego de que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, admitiera hace pocos días que las autoridades habían tardado en reaccionar.
El ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, al anunciar la emergencia social acompañado de otros funcionarios, afirmó que se confiscarán el dinero y bienes de empresas "que cumplían una función de recaudo no autorizada".
"La idea es devolver, hasta donde sea posible, esos dineros, para evitar la defraudación" expresó el ministro, quien pidió al público respaldar las medidas y tener "mucha calma".
Además, la captación masiva no autorizada de recursos del público recibirá penas de entre 120 y 240 meses de cárcel, multas y no será excarcelable.
El fenómeno de las "pirámides" entró en crisis en Colombia la semana pasada cuando comenzaron a desaparecer los responsables de varias oficinas que recibían dinero en metálico a cambio de pagar intereses de hasta el 300 por ciento, dejando estafados a los clientes.
Según cifras oficiales, en los últimos tres años funcionaron en el país al menos 240 de esas compañías piratas que pudieron recaudar unos 800 millones de dólares y quebraron al no poder cumplir su oferta.
En varias ciudades del país hubo que decretar el toque de queda para contener los disturbios de los estafados, que dejaron tres muertos, y el viernes pasado renunció el superintendente financiero, César Prado.
En desarrollo de los decretos dictados, fueron registradas de inmediato las sedes de la empresa DMG, que no era una "pirámide", pero sí había logrado captar inversiones de miles de clientes en todo el país por medio del otorgamiento de tarjetas "prepago" para comprar electrodomésticos y otros productos.
DMG, que se convirtió en un emporio millonario, fue creada por David Murcia Guzmán, un empresario joven de origen modesto que en las últimas horas retó a las autoridades a demostrarle la ilegalidad de su negocio y amenazó con hacer sublevar a sus clientes.
Entretanto, estos últimos defendieron a DMG y criticaron los bajos intereses y difíciles créditos que otorgan los bancos.
Otra firma similar, DRFE, que traduce Dinero Rápido Fácil y Efectivo y era dirigida por Carlos Alfredo Suárez -que la igual que Murcia ronda los 30 años- había sido intervenida la semana pasada.
El presidente Uribe, había anticipado el viernes y sábado que se emitirían medidas especiales para detener esas firmas captadoras de fondos y pedido abandonar la "cultura mafiosa del enriquecimiento fácil".
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