Málaga.- El titular del Juzgado de Instrucción número seis de Málaga ha dictado un auto de procesamiento contra 228 imputados, la mayoría nigerianos, que fueron detenidos en la operación "Nilo", considerada como la mayor realizada contra una organización dedicada a la estafa a nivel internacional.
Durante esta operación, fueron arrestadas en julio de 2005 más de 315 personas por su presunta relación con una banda internacional dedicada a estafas con inversiones y premios de lotería falsos que, sólo en 2004, logró engañar a 20.000 personas de distintos países.
A los acusados, el juez imputa los presuntos delitos de estafa, falsedad documental continuada y asociación ilícita, según el auto judicial, al que ha tenido acceso Efe.
En la resolución judicial, se explica que desde Málaga y alguna otra localidad de la provincia se desarrollaba "una actividad criminal protagonizada por grupos organizados integrados fundamentalmente por nacionales de Nigeria, que se dedicaban a seleccionar, a través de internet, personas residentes en el extranjero, a las que se intentaba estafar".
Para ello, los imputados adquirían en estancos, oficinas de correos y papelerías centenares de sellos y sobres, con los que se confeccionaban cartas, sin identificación de remitentes, cuyos destinatarios eran los elegidos en las consultas a guías telefónicas de los países de destino.
En estos sobres, remitían simultáneamente a miles de personas cartas que contenían dos documentos falsificados: una notificación emitida por el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado u otro organismo ficticio de loterías español y un formulario en blanco emitido por la entidad depositaria de los fondos del premio.
Para dar apariencia de autenticidad a los documentos remitidos, éstos siempre incorporaban falsificaciones del escudo nacional de España, y de los membretes, logotipos y anagramas de instituciones públicas como el Ministerio de Economía y Banco de España, entre otros, así como entidades de crédito y de compañías de seguro.
Tanto en la notificación del premio como en el formulario, figuraban números de teléfono y faxes del organismo público de loterías y de la entidad depositaria de los fondos, números falsos de teléfono correspondientes a compañías y operadoras de teléfono española, que en realidad usaban los imputados, generalmente con tarjetas prepago.
La mayoría de las personas que recibieron las cartas enviadas desde España (millones cada año) hicieron caso omiso de las mismas, pero algunas sí contestaron a los mensajes y cumplimentaron los formularios, con sus datos personales y bancarios.
A las víctimas potenciales se les requería insistentemente para que abonasen el impuesto que devengaba la percepción del premio y el desembolso de esa cantidad se podía realizar por transferencia bancaria a una cuenta abierta en España por los imputados.
Cuando el pago se hacía por transferencia bancaria, ésta se abonaba en una cuenta abierta previamente con documentos de identidad falsos, normalmente pasaportes de Nigeria donde se habían consignado nombres y apellidos de origen anglosajón.
Este tipo de documentos se utilizaban también por los imputados, beneficiarios del dinero, para retirar las cantidades enviadas a través de establecimientos de envío de dinero.
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