Santander.- El consejero de Ordenación del Territorio y Urbanismo, José María Mazón, ha confiado hoy en que la demolición de algunas viviendas con sentencias de derribo pueda ser "evitable", aunque ha recalcado que, en este tema, el Gobierno tiene que "mantener el equilibrio" y "defender el paisaje".
Mazón ha hecho estas manifestaciones en declaraciones a los periodistas, antes de reunirse con alcaldes de tres municipios con sentencias de derribo, en concreto los de Arnuero, Escalante y Miengo, José Manuel Igual, Avelino Cuartas y José Jado, a los que ha presentado el plan elaborado por la Consejería de Ordenación del Territorio y Urbanismo para estudiar posibles soluciones a este asunto.
El consejero ha insistido en que la mayor parte de las actuaciones que recoge el informe "no están en manos del Gobierno", sino que son competencia de los municipios, que tendrán que estudiar sus planes parciales y planeamientos en este sentido.
Según ha explicado, la actuación del Gobierno de Cantabria se limitaría a adecuar el Plan de Ordenación del Litoral (POL) y los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) al contenido de las sentencias de derribo de la comunidad autónoma, que superan la veintena.
Ha dicho que la modificación de los PORN se refiere principalmente a algunas zonas de las Marismas de Santoña. Esta actuación, junto a la "adaptación" del POL, podría "dar cabida" a alguna de las urbanizaciones con sentencias de derribo, según ha declarado el consejero.
Ha enfatizado que el informe de la Consejería no es un documento "cerrado" ni "definitivo" y ha invitado a los ayuntamientos y al resto de implicados a que realicen "aportaciones" o propongan soluciones.
El titular de Urbanismo ha confiado en que algunas demoliciones puedan "evitarse" bajo el criterio de que ese derribo deje de ser obligatorio o "no sea posible legalmente". "Si algo es legal en el momento actual no hace falta derribarlo para volver a hacerlo exactamente igual", ha explicado Mazón.
Ha añadido que hay que estudiar cada caso de forma individual y que la solución final "depende", en gran medida, "de los querellantes" (mayoritariamente, la asociación ecologista ARCA).
Mazón ha indicado que el Gobierno va a remitir el plan sobre las sentencias de derribo al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que requirió al Ejecutivo información sobre las medidas concretas que iba a adoptar a raíz de la resolución del Parlamento que le instaba a elaborar este informe.
Preguntado por las críticas de ARCA al plan, el consejero ha dejado claro que el Gobierno tiene que "defender el territorio" y no puede "hacer dejación de funciones".
"Hay que mantener un equilibrio. El Gobierno no puede proponer un proyecto de ley de borrón y cuenta nueva, sería inconstitucional", ha incidido el titular de Urbanismo.
Mazón continuará estas reuniones mañana, con los alcaldes de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco, y Argoños, Juan José Barruetabeña.
El viernes a las 11.00 horas se reunirá con representantes de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que aglutina a afectados por las sentencias de derribo.
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