Santa Cruz de Tenerife.- La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y la Confederación Regional de Comercio (Coreco) creen que en Canarias debe ejecutarse con excepciones la directiva comunitaria para liberalizar el comercio, pues su aplicación directa supondría "un auténtico suicidio económico".
Así lo manifestaron hoy los presidentes de la entidad cameral, Ignacio González Martín; y de Coreco, Luis de Miguel Bartolomé, durante la presentación en rueda de prensa de un informe elaborado por la Universidad de La Laguna sobre el impacto que tendrá en el sector comercial canario la aplicación de la directiva comunitaria.
Esta directiva de servicios de la Unión Europea (UE), conocida como "Bolkestein", pretende liberalizar el comercio, la hostelería, la restauración, el ocio, el turismo, la artesanía y los servicios industriales y de distribución antes del 28 de diciembre de 2009, y su objetivo es aumentar la competencia en este ámbito.
El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna José Luis Rivero explicó que las singularidades de Canarias justifican el que dicha normativa se aplique con excepciones, y nunca de forma íntegra, y señaló que la adaptación de la directiva no implica la necesidad de que se elabore una nueva ley de Comercio, como tramita el Gobierno regional.
Una de las principales conclusiones del informe es que la liberalización radical del comercio en una economía como la canaria podría producir "paradójicamente" una limitación de la competencia en las islas y podría fomentar "posiciones de dominio" de determinadas entidades comerciales "en una región alejada y pequeña".
Ignacio González Martín subrayó que la Cámara de Comercio está "profundamente preocupada" por el impacto que tendría esta directiva en una situación "de crisis galopante" y sobre un sector del que dependen "136.000 familias".
"Aplicar directamente o de forma parcial la directiva supondría una amenaza letal para los pequeños comercios de las islas, un auténtico suicidio económico", dijo González Martín, quien advirtió de que en este ámbito "la cuenta atrás ha comenzado".
Confió el dirigente empresarial en que se mantenga "el espíritu" formulado por el presidente canario, Paulino Rivero, y que se refleje en la acción de su Ejecutivo el compromiso expresado en su programa de gobierno de pedir al Gobierno central que no se aplique en Canarias esta directiva.
Abogó también por articular "todos los mecanismos legales posibles" para defender a un sector que ha perdido una importante cuota de mercado ante la consolidación de otras formas de comercio.
"La economía canaria no puede permitirse el lujo de desinflar a un sector que genera el 23 por ciento del empleo en las islas", añadió González Martín.
El catedrático José Luis Rivero detalló que se han fundamentado las conclusiones del informe en la adaptación de la normativa comunitaria a Canarias desde 1986, lo que resulta "esencial" para comprender esta "tradición" de cómo se aplican en las islas las disposiciones europeas.
Recordó que Canarias es "un territorio vulnerable, pequeño, alejado y con condicionantes", y ello quedó reflejado en el artículo 299.2 del Tratado de la Unión Europea.
En el informe también se alude a las "barreras de entrada" que aplican las economías insulares y además se explica que la actual normativa autonómica en materia de comercio no ha supuesto "una anulación de la competencia".
Por el contrario, prosiguió el catedrático, es fácilmente constatable que ha aumentado en los últimos años el número de establecimientos comerciales radicados en las islas, donde no ha habido ni una disminución de la oferta ni una limitación de la competencia.
Al respecto, Ignacio González Martín se mostró partidario de mantener el actual sistema de autorización comercial específica para conceder las licencias de apertura en el sector.
José Luis Rivero también manifestó que la normativa canaria no es discriminatoria, es proporcional y necesaria, porque ha acentuado la competencia comercial en las islas.
"Por lo tanto no es excepcional el que no se aplique una directiva comunitaria en un territorio excepcional como una región ultraperiférica, algo que Bruselas ha aceptado anteriormente", especificó Rivero.
Reiteró que adaptar la directiva no implica que se haga una nueva ley de comercio "aunque otra cosa es que se quiera hacer", y si acaso sólo implicaría "retoques de segundo o tercer orden" en la normativa.
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