¿Los pobres perjudican el medio ambiente?

CHAUEN (MARRUECOS).-  El 'hashish' que circula en España viene de Marruecos, más precisamente de la región del Rif. Hasta aquí, ninguna novedad. Menos se sabe de los estragos ecológicos causados por el monocultivo del cannabis: erosión del terreno, agotamiento del suelo, deforestación. En sólo dos décadas la superficie forestal disminuyó un 40%. ¿Responsables? Los pequeños campesinos que han encontrado en la marihuana una salida a la mísera agricultura de subsistencia. Tenemos aquí una cuestión ambiental crucial: ¿cómo conciliar el cuidado del bosque con el bienestar de la población rural?

Marruecos alberga la superficie boscosa con mayor biodiversidad del norte de África; un activo que está siendo degradado por la búsqueda de tierras para plantaciones de kif (el nombre marroquí del cannabis). Hasta los años ‘50, su cultivo era legal y el Estado tenía el monopolio de compra y distribución de una producción acotada por la tradición y una geografía poco accesible. Eso cambió por completo al transformarse el hachís en mercancía exportable. Hubo un boom: de las 25.000 hectáreas cultivadas a comienzos de los ‘90 se pasó a las 60.000 actuales, de las que depende el 60% de los rifeños.

"Para el productor el cannabis supone un ingreso anual de 21.000 dirhams (unos 2.000 euros)", señala Mofadal El Merziguioui, de la 'Association Talassemtane pour l’environment et le developpement (ATED)'; una cantidad muy superior a la que perciben por el trigo o las aceitunas. Pero ese ingreso no está asegurado. La moda europea del cultivo doméstico de maría ha reducido la demanda de costo marroquí, provocando una bajada de precios que los campesinos intentan compensar con más producción (dos cosechas anuales), lo cual redunda en mayor degradación ambiental.

En Marruecos los bosques pertenecen al Estado. Esta titularidad les mantiene a salvo de latifundistas proclives a arrasar el arbolado para plantar soja o chalets adosados; en contrapartida, no contempla las necesidades acuciantes de las miles de familias campesinas radicadas en su entorno. La ley prevé multas pesadísimas para quien corte leña o desmonte. A las sanciones les sigue un aumento de los incendios forestales, la "venganza" contra la represión estatal. La situación me recuerda a la de los cocaleros bolivianos y su disyuntiva entre el hambre o el cultivo de una planta perseguida.

Las ONGs buscan flexibilizar la postura estatal, de manera que admita la explotación sostenible de los recursos forestales por parte de los campesinos, al tiempo que les ofrecen a estos apoyo técnico y capacitación. La semana pasada, un grupo de miembros de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA) conocimos esos esfuerzos de primera mano. En la localidad montañosa de Chaouen, la Fundación IPADE, la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) y la citada ATED promueven alternativas como la apicultura, la venta de hierbas aromáticas o el turismo rural. En paralelo, quieren contribuir a reducir el consumo de leña -segunda fuente de energía en Marruecos- mediante la entrega de hornos de pan de mayor eficiencia energética; todo ello acompañado de campañas de formación ecológica. Convertir la tradicional «ayuda al desarrollo» en «ayuda al desarrollo sostenible» se ha vuelto un objetivo prioritario para estas ONGs.

Lograr el abandono voluntario del cultivo del cannabis no resulta nada fácil. Pese a ello, las acciones realizadas en esa dirección han conseguido que Marruecos ceda a Afganistán la primacía en la exportación de 'hashish', según las últimas estimaciones de la ONU. La ayuda internacional cumple aquí una función importante. Como decía Muahmad, el guía que nos acompañó en la alcazaba de Chaouen, "estamos mejor, en parte gracias a la Unión Europea y a España". "Hasta hace poco tiempo, la única salida económica que tenía la gente era el kif", comentaba, "hoy existen otras opciones".