MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón retiró hoy la imputación que pesaba contra el ex dirigente de Relaciones Internacionales del Partido Nacionalista Vasco (PNV) Gorka Aguirre y otras diez personas al no hallar indicios de que colaboraran con el aparato de extorsión de ETA, y procesó a otras 24 personas por delitos de terrorismo, entre ellos al propietario del bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa), Joseba Imanol Elosúa, y a seis directivos de la empresa Azcoyen.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 adoptó esta decisión en el marco del sumario en el que investiga el aparato de extorsión de la banda y el cobro del denominado 'impuesto revolucionario' mediante encuentros que supuestamente tenían lugar en el citado establecimiento.
En un auto dictado hoy, Garzón archiva la causa contra Aguirre al entender que, "a pesar de que ha mantenido una amplia relación a través de encuentros en diversos lugares y conversaciones con el dueño del bar Faisán de contenido aparentemente críptico e incriminatorio", su imputación se "ha desvirtuado" gracias a la declaración de la veintena de testigos promovida por su defensa.
El presidente del PNV, Íñigo Urkullu; el ex dirigente de esta formación Xabier Arzalluz; el responsable de la formación en Guipúzcoa, Joseba Egibar, y una decena de empresarios y periodistas declararon en mayo pasado que Aguirre tenía la misión de informar a la dirección del PNV de los movimientos que realizaba la banda, ya que tenía muchos contactos en este mundo gracias a sus años de exilio en Francia.
El magistrado también retira la imputación a José Ignacio Elosúa, hijo del propietario del bar 'Faisán'; Pablo María Muñoz, ex director de EGIN; José Luis Areizaga, Antonio María Berasategui, Celestino Berasategui, Javier Caño, Javier Hernández, Nicolás Aguirre, Pedro María Garaygordobil y Justo Azcúe.
IMPUTADO EL DUEÑO DEL 'FAISÁN'
En cuanto a los procesamientos, Garzón concluye su instrucción de esta causa encausando a Joseba Imanol Elosúa por un delito de integración en organización terrorista y amenazas terroristas, al considerar que su establecimiento era utilizado por el aparato de extorsión de ETA, denominado Gezi, para "canalizar las distintas remesas de cartas de extorsión" que la banda enviaba a empresarios del País Vasco y Navarra. Allí, según el auto, se efectuaban los pagos y cobros del 'impuesto revolucionario'.
Elosúa también colaboraba con miembros de ETA en el desarrollo de medidas que garantizaran la seguridad de las reuniones que se celebraban en su bar. Además, el juez considera acreditado que mantuvo reuniones con integrantes de la banda para gestionar pagos y que participó como intermediario en la extorsión sufrida por varios empresarios.
El hostelero también se dedicaba a la recopilación de información económica de empresas y personas físicas susceptibles de ser extorsionadas y colaboraba en la gestión de este tipo de campañas, según consta en el auto, que añade que mantenía operaciones financieras con personas vinculadas a ETA.
El juez imputa además estos mismos delitos de integración en organización terrorista y amenazas a María Soledad Iparraguirre, 'Amboto'; Iñaki Arietaleaniz, Asier Mardones, Pedro Esquisabel, Kikitza Gil de San Vicente, Zigor Merodio, Ramón Sagarzazu y Jon Salaberría.
IMPUTADOS SEIS DIRECTIVOS DE AZKOYEN
Entre los procesados se encuentran seis directivos de la empresa Azkoyen, que entre 1995 y 2001 habría pagado a la banda un total de 37 millones de pesetas (222.374 euros) que fueron convertidos en divisas y entregados en la localidad francesa de Bert a dos personas no identificadas de la organización terrorista ETA.
En concreto, el magistrado imputa no haber cumplido el deber de denunciar la extorsión de la que estaban siendo objeto el ex director general de Azkoyen Ignacio Moreno; los ex miembros del consejo de administración Ignacio Orbaizeta, José María Careaga, Francisco Elizalde, Ricardo Armendáriz; y el ex jefe de Contabilidad de esta empresa, Jesús Marcos Calahorra.
También procesa por colaboración y amenazas a Juan José Arruti, Jean Piere Haracorene, Alfonso Martínez de Lizarduy y Emilio Castillo, y únicamente por el primer delito a José Carmelo Luquin, Ignacio Aristizabal, Jesús Iruretagoyena, José Javier Azpiroz y Juan María Saralegui.
Según Garzón, tanto Azpiroz y como Saralegui son dos constructores que en 2006 pagaron a ETA 54.000 euros haciendo constar que realizaban la aportación de forma voluntaria y que se les había requerido cinco años antes. El instructor justifica su imputación porque considera "la posible carga coactiva o amenaza que podría haber existido "desaparece y se transforma en un acto consciente y voluntario, con el cual se está contribuyendo al desarrollo de la actividad criminal de la banda".
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