Madrid.- El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la toma en consideración de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aunque los portavoces de los diferentes grupos han dejado claro que lo adecuarán al interés general, sobre todo en el apartado de la política hidráulica.
Sólo la diputada de UPyD, Rosa Díez, y dos parlamentarios del PP por Murcia (Alberto Garre y Arsenio Pacheco) se han opuesto a la admisión a trámite de la iniciativa, respaldada por 315 diputados tras un debate mantenido ante un hemiciclo poco poblado y al que sólo han asistido cuatro miembros del Gobierno, entre ellos la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.
De este modo, el Estatuto, el primero que ha llegado con la unanimidad del Parlamento proponente, entra en el trámite de enmiendas, donde los grupos tratarán de buscar una solución a la disposición adicional que propone el final del trasvase Tajo-Segura en el año 2015 y que topa con el rechazo frontal de Murcia y de la Comunidad Valenciana.
Los ponentes del proyecto, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y los parlamentarios regionales Leandro Esteban (PP) y José Molina (PSOE), han trasladado al Congreso una oferta de diálogo y consenso para pactar una política hidráulica nacional, siempre que se respeten los intereses de la comunidad proponente.
No obstante, Barreda ha advertido a la Cámara de que si en el proceso de negociación el texto resulta "devaluado" o "modificado sustancialmente" pedirá a las Cortes de Castilla-La Mancha su retirada y "seguiremos luchando".
Los tres ponentes se han esforzado en dejar claro que no se trata de una cuestión de falta de solidaridad, sino que la comunidad autónoma necesita el agua del Tajo y que tiene prioridad para usarla, pues, como ha planteado Barreda, no hay agua "para todos y para todo y habrá menos en el futuro".
El primer aviso de los cambios que se avecinan lo ha dado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien ha considerado legítimo que Castilla-La Mancha formule su interpretación sobre el reparto de competencias en materia de agua, pero ha recordado que las Cortes deben adecuar ese planteamiento al proyecto común de toda España.
Más claro ha sido después el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, quien ha asegurado que el texto sufrirá modificaciones para garantizar la defensa del ámbito del Estado y el interés general, pero ha confiado en que se mantenga el consenso actual.
También el diputado del PP Arturo García-Tizón ha avanzado que su grupo presentará enmiendas al proyecto y ha aprovechado para acusar al presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, de ser insolidario con las demás comunidades por el tono "provocador" utilizado en su intervención.
El resto de los grupos ha dado su visto bueno a la tramitación del proyecto, excepto la diputada Rosa Díez, quien ha opinado que que éste plasma "letras de Estatuto, pero tiene alma de Constitución".
Su voto se ha unido a los de los diputados Pacheco y Garre, quienes por "conciencia y coherencia" han preferido romper la disciplina de voto de su grupo y escenificar su rechazo al proyecto con un voto en contra.
El rechazo de Murcia al proyecto ha quedado plasmado a mediodía, cuando un autobús ha dejado en las puertas del Congreso a medio centenar de regantes que han entregado en el Registro cerca de 120.000 firmas contra el final del trasvase Tajo-Segura.
Una vez cumplido el trámite de la toma en consideración, se abre un plazo de presentación de enmiendas de 15 días prorrogables si así lo solicitara un grupo parlamentario.
Después, la Comisión Constitucional del Congreso, por medio de una ponencia formada por parlamentarios nacionales y diputados autonómicos, analizará el proyecto hasta su debate en dicho órgano parlamentario.
El pleno de la Cámara Baja deberá volver a pronunciarse sobre el nuevo Estatuto, pero ya sobre el texto remitido por la Comisión, que de salir adelante recaerá en el Senado.
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