PARÍS.- El plan francés para apoyar al sector financiero en aplicación del acuerdo del Eurogrupo alcanzado ayer en París movilizará 320.000 millones de euros en garantías estatales para favorecer los préstamos interbancarios y otros 40.000 millones para eventuales recapitalizaciones de bancos con problemas, según anunció el presidente Nicolas Sarkozy en rueda de prensa al término del Consejo de Ministros extraordinario celebrado hoy.
El presidente explicó que se creará una sociedad para refinanciar a los bancos y que la garantía estatal para los préstamos emitidos por las sociedades tendrá "contrapartidas". "Se trata de restablecer la confianza y no de ir en auxilio de las entidades que por su mala gestión han asumido riesgo inconsiderables", advirtió.
La garantía se pagará a precio normal de mercado y tendrá como contrapartida la firma de una "convención" que fije no sólo las obligaciones de los establecimientos beneficiarios sino que tendrán en cuenta cuestiones "éticas", como las remuneraciones de los directivos porque, según Sarkozy no se puede pedir la garantía del Estado y "permitir la deriva escandalosa" constatada estos últimos años".
Esta convención detallará también que la prioridad de los préstamos será la financiación de los particulares, empresas y Ayuntamientos de forma que la garantía sirva para reactivar el crédito y no para alimentar la tesorería.
Asimismo, detalló que la refinanciación no será accesible más que a las entidades que tengan fondos propios suficientes y que tengan una finalidad preferente para créditos a la economía real, especialmente préstamos al consumo, hipotecarios, inmobiliarios y a empresas.
El total de préstamos garantizados tendrá pues un tope de 320.000 millones de euros y no representará "en ningún caso costes" para el contribuyente porque se trata, agregó el presidente galo. de una garantía que no se pondrá en marcha salvo en caso de quiebra.
Mientras, para superar la crisis de confianza por la falta de fondos en los bancos, Sarkozy adelantó que se creará una segunda sociedad pública de la que el Estado será el único accionista con el objetivo proporcionar fondos propios a los bancos solventes que tengan necesidad de ellos para desarrollar su actividad. El techo de esta garantía se ha fijado en 40.000 millones de euros.
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