Madrid.- El Ministerio de Justicia ha impuesto hoy una sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo a Juana Gálvez, la secretaria judicial del Juzgado de Sevilla del que es titular Rafael Tirado, por su actuación en un caso relacionado con el presunto autor de la muerte de la niña Mari Luz Cortés.
Según ha informado hoy el Ministerio, la sanción a Gálvez ha sido impuesta por una falta grave de negligencia y retraso injustificado en el cumplimiento de sus funciones, lo que desembocó en un "cúmulo de omisiones" que llevó a no ejecutar la sentencia que condenaba por abusos a su hija a Santiago del Valle, luego detenido por la muerte de la niña de Huelva.
La falta grave prevista en el Reglamento Orgánico de Secretarios Judiciales está sancionada con una suspensión de empleo y sueldo de hasta tres años o el traslado forzoso fuera del municipio. Aunque el instructor del expediente a la secretaria había propuesto que la sanción fuera de 6 meses de suspensión, el departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo justifica la decisión de imponer una de dos años "por la gravedad del perjuicio causado a los ciudadanos con la actuación de la funcionaria".
La resolución asegura que "tanto la naturaleza de las penas impuestas, cuya ejecución se dilató de manera indebida (prisión y medida de seguridad de internamiento de Santiago del Valle y su esposa Isabel García respectivamente), como los hechos que motivaron la condena, (fundamentalmente, el delito de abuso sexual contra su hija menor), requerían de un especial celo en la tramitación de la correspondiente ejecutoria".
No obstante, la resolución destaca que "no existió una actuación dolosa por parte de la sancionada, sino un cúmulo de actuaciones negligentes o falta de diligencia".
Finalmente se argumenta, para no imponer la sanción en su grado máximo, el reconocimiento al trabajo de la secretaria judicial por parte de los funcionarios de la Oficina Judicial, el elevado número de señalamientos en los juzgados de lo penal, además de los que celebrara en régimen de sustitución en otros juzgados, y la necesaria atención a la cuenta de consignaciones y al registro para la protección de las víctimas de la violencia doméstica, según recoge la agencia Servimedia.
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