Valencia.- Les Corts Valencianes han acordado hoy pedir al Gobierno central que trabaje para garantizar la continuidad del trasvase Tajo-Segura, mientras que el PP ha rechazado las peticiones de la oposición de reducir el número de altos cargos de la Generalitat y congelar el gasto corriente para 2009.
Entre las iniciativas aprobadas, figuran sendas propuestas del PP y del PSPV en la que se pide al Gobierno de España que defienda el trasvase Tajo-Segura, con la diferencia de que mientras la primera propone modificar la ley que derogó el Plan Hidrológico Nacional (PHN) la segunda pide oponerse a la reforma estatutaria de Castilla-La Mancha, que establece fecha de caducidad para esta infraestructura.
El PP ha votado a favor de ambas propuestas, mientras que los socialistas no han querido apoyar la presentada por los populares, que también incluía la defensa del trasvase del Ebro y una solución para el Júcar-Vinalopó que cuente con el consenso de los usuarios.
Con los únicos votos a favor del PP se ha acordado también pedir al Gobierno la cesión de la gestión de los aeropuertos de Manises y L'Altet y apoyar el impulso del aeropuerto de Castellón, mientras que populares y socialistas han acordado exigir al Gobierno que dé prioridad a la llegada del AVE a Castellón y pida ante la UE la inclusión del Corredor Mediterráneo dentro de la Redes Transeuropeas de Transporte.
PP y PSPV han votado también a favor de que se contemple la posibilidad de acudir a "fórmulas de colaboración público-privadas" para la ejecución de infraestructuras ferroviarias, mientras que se ha alcanzado la unanimidad para pedir medidas fiscales que compensen el gasto de las familias en la adquisición de la vivienda, y para apoyar la puesta en marcha de una Mesa para la Vivienda y Obra Pública.
Por el contrario, el PP se ha opuesto a sendas propuestas de la oposición que reclamaban la reducción del número de altos cargos de la Generalitat y la congelación e incluso reducción de los gastos corrientes en los Presupuestos para 2009 como "ejemplo de austeridad" que debe dar la Administración en tiempos de crisis económica.
El diputado PP Fernando Giner ha argumentado que la Generalitat tiene "las retribuciones más bajas del Estado" y ejecuta medidas "mucho más eficaces", y ha asegurado que congelar el gasto corriente de organismos públicos llevaría "al absurdo" de que el SERVEF o el INVASAT no podrían cumplir objetivos del PAVACE, lo que "pondría en riesgo" las políticas de estabilidad del empleo, de los trabajadores y la reinserción de parados.
La socialista Cristina Moreno ha calificado de "vergüenza" que el Gobierno valenciano sea "el único" de España que "se niega a congelar su sueldo" para 2009 que viene, una medida "ejemplarizante" que han respaldado Rita Barberá, Javier Arenas o María Dolores de Cospedal, y Enric Morera (Compromís) ha dicho que el Consell debe ser el primero en apretarse el cinturón.
La oposición también pedía que el Consell presente junto a los Presupuestos para 2009 un Plan anticrisis, pero el PP se ha opuesto porque el president de la Generalitat ya anunció en mayo un plan dotado con 1.300 millones de euros.
Los populares también han rechazado la propuesta del PSPV de que se amplíe el personal de refuerzo en juzgados como el de Nules, donde se investiga al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ya que según la diputada Josefa Andrés "la impunidad no se puede aguantar" en este caso.
Asunción Quinzá (PP) ha acusado a los socialistas de utilizar Les Corts para "hacer ruido, intentar crear sospechas y vulnerar el derecho a la presunción de inocencia", y ha asegurado que "les molesta" que Fabra "gane cada cita electoral por mayoría".
Respecto a las propuestas de la oposición aprobadas, se ha acordado que el Consell fije la fecha de una reunión entre representantes del Ministerio de Economía y la Conselleria homónima para negociar la propuesta de financiación autonómica valenciana, y que se presente en 2009 una ley de Régimen local.
Además, han respaldado que se autorice la creación de una Facultad de Medicina en la UJI de Castellón, después de que ésta lo pida formalmente; que se cree una línea de crédito a interés cero para la renovación de la flota pesquera, y que se pida el traspaso de la gestión de los puertos pesqueros.
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