El TS ilegaliza por unanimidad a ANV y acuerda su disolución como partido político

MADRID.-  La Sala del 61 del Tribunal Supremo acordó hoy por unanimidad la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y su disolución como partido político al admitir las demandas presentadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, según avanzó en rueda de prensa el presidente del alto tribunal, Francisco José Hernando.

Hernando explicó que la declaración contra esta formación, suspendida de sus actividades desde febrero pasado por orden de juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, supone "la liquidación y la puesta a disposición de las previsiones de la Ley de Partidos Políticos de todos los bienes y efectos que pertenezcan al partido político que se ha declarado ilegal".

Detalló además que la disolución de los grupos municipales de este partido es una "consecuencia de la ilegalización", pero que los efectos de esta medida se detallarán "en el trámite de ejecución de sentencia". Actualmente, ANV cuenta con 337 concejales en el País Vasco y 93 en Navarra.

"No hay votos particulares, la decisión ha sido tomada por unanimidad de todos los componentes de la Sala", precisó Hernando en una breve comparecencia de apenas dos minutos en la que únicamente comunicó el fallo del proceso contra ANV, después de dos días de deliberación y una primera toma de contacto sin carácter oficial celebrada el pasado día 10. Asimismo, detalló que la sentencia sobre este asunto "posiblemente estará dentro de unos días".

Mañana, miércoles, los 16 magistrados que componen esta Sala comenzarán también la deliberación de la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), contra el que la Fiscalía y la Abogacía del Estado también presentaron demandas de ilegalización.

"MEROS INSTRUMENTOS"

El Gobierno consideró en sus informes definitivos de ilegalización que ANV y el PCTV son "instrumentos" de la banda terrorista ETA, tal y como argumentó la Abogacía del Estado a la luz de las pruebas practicadas durante las vistas de ilegalización celebradas en el Tribunal Supremo el pasado mes de junio. Los servicios jurídicos del Estado presentaron a principios de agosto ante la Sala 61 del Tribunal Supremo estos informes finales.

En dos escritos en los que solicitaba la ilegalización de estas formaciones, de 42 y 51 páginas, respectivamente, la Abogacía del Estado analizaba una a una las pruebas practicadas durante el proceso que se lleva a cabo en la Sala 61 del TS, al tiempo que se insiste en que la Ley de Partidos "no prohíbe, proscribe o persigue ideas o ideologías, ni restringe la libertad de expresión, ni violenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos". En ambos, el argumento es similar: PCTV y ANV son "meros instrumentos o herramientas del terrorismo de ETA-Batasuna".

Sobre el PCTV, se señala que las pruebas que acreditan la instrumentalización las han obtenido las Fuerzas de Seguridad del Estado a lo largo del periodo 2005-2008, con la investigación que se realizó en torno a este partido en las elecciones autonómicas de 2005, después de la ilegalización de la agrupación electoral Aukera Guztiak. Se apunta, además, que antes no había desarrollado actividad política alguna y que, tras la ilegalización de la mencionada agrupación, asumió sus postulados, amén de la participación de personas de Batasuna en su campaña y actos electorales.

Respecto a ANV, la Abogacía del Estado sostiene que ha quedado acreditada la dirección de Batasuna en el proceso de presentación de candidaturas y realización de la campaña en las elecciones municipales de 2007. Entre las pruebas, las contenidas en un 'pendrive' intervenido al presunto etarra Gorka Murillo, con el título 'Elecciones 2007. Pasos a dar en el ámbito jurídico'. También en este caso se indica que, con el acceso a determinados ayuntamientos, ANV "ha asumido la totalidad de los postulados del entorno de ETA, incluida la no condena de la violencia terrorista".

El informe añade que en Hernani (Guipúzcoa) y Elorrio (Vizcaya) se han creado comisiones informativas de presos y represaliados y realizado declaraciones en línea directa con los postulados de ETA. También se citan como pruebas la intervención de la alcaldesa de Hernani, Marian Betialarrangoitia, en el acto del 12 de enero, en el que mandó un aplauso "lo más caluroso posible" a los autores del atentado en la T-4 del aeropuerto de Madrid-Barajas en el que murieron dos ciudadanos ecuatorianos, los etarras detenidos Igor Portu y Martin Sarasola.