Bogotá.- La Procuraduría colombiana exigió hoy a las autoridades carcelarias que cumplan con el beneficio de la prisión domiciliaria otorgado a la ex legisladora Yidis Medina, condenada por haber aceptado prebendas para votar en favor de la enmienda que permitió la reelección del presidente Álvaro Uribe.
La sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre el caso de esta ex congresista debe cumplirse de inmediato, notificó la Procuraduría General de la Nación al hacerse eco de la decisión del alto tribunal.
Por ser madre cabeza de familia, la CSJ concedió a Medina la prisión domiciliaria al condenarla, el pasado 25 de junio, a tres años, cuatro meses y quince días de prisión por cohecho.
Medina aceptó haber cambiado, como representante a la Cámara, su voto para salvar el proyecto de reforma a la Constitución que instituyó la reelección inmediata del jefe del Estado, adoptada a finales de 2005 y que le permitió a Uribe concurrir con éxito a un nuevo mandato de cuatro años en los comicios de mayo de 2006.
Con la misma causa fueron vinculados, por acusación de la ahora ex congresista, el entonces ministro del Interior y de Justicia y ahora embajador en Italia, Sabas Pretelt de la Vega; el titular de la Protección Social, Diego Palacio, y el por la época secretario general de la Presidencia, Alberto Velásquez.
El presidente Uribe también afronta una investigación preliminar por los mismos hechos en un comité de la Cámara de Representantes, que la semana pasada escuchó su testimonio.
La Procuraduría informó en un comunicado público que, al incumplir la decisión judicial, el titular del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), puede incurrir no sólo en una falta disciplinaria, sino "eventualmente en un delito".
El general en retiro Eduardo Morales, ahora ex director del INPEC, se negó a cumplir con la decisión de la CSJ bajo el argumento de que Medina fue alcanzada por una orden de detención sin derecho a fianza, dentro de otro proceso penal.
Morales renunció al cargo el pasado 12 de agosto y, en su lugar, el Ministerio del Interior y de Justicia, del cual depende el INPEC, designó el mismo día a Sandra Patricia Devia.
En un mensaje a la dirección general del INPEC, la procuradora delegada para la Prevención en materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, Patricia Linares, observó que Medina debe recibir la prisión domiciliaria porque, en este caso, el asunto no es "de jerarquía, sino de prevalencia de decisiones judiciales".
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