Bogotá.- El equipo de abogados de las víctimas de los jefes paramilitares colombianos extraditados a Estados Unidos informó hoy que emprendió una estrategia para garantizar su "acceso directo" a los procesos penales en ese país.
La abogada española Almudena Bernabeu, del Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por su sigla en inglés), explicó en Bogotá que van a iniciar "pasos legales para dar la voz y acceso a las víctimas para que tengan presencia en el proceso", ya que, con la extradición, el Estado colombiano "las ha soltado de la mano".
De esta manera, comenzarán una táctica legal que "permite que la víctima sea escuchada y que se presenten unos hechos ante el juez de los que de otra manera no tendría conocimiento", dijo Bernabeu.
La estrategia incluye hacer valer los derechos previstos por la legislación estadounidense para las partes interesadas en procesos penales, como son la posibilidad de participar, de ser notificadas, de ser consultadas ante posibles acuerdos entre el fiscal y los acusados o de tener presencia en las audiencias públicas.
Catorce jefes paramilitares fueron extraditados en mayo pasado por delitos de narcotráfico, por lo que los abogados de las víctimas deben acomodar su acceso al juicio a partir de este delito y no con base en los asesinatos, masacres y torturas que se les imputa en la justicia colombiana.
"La cúpula militar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ha reconocido que el 70 por ciento de sus operaciones fue financiado por el narcotráfico, y esas operaciones consistieron en masacres, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, por lo tanto las personas que estamos representando son víctimas del narcotráfico", argumentó la abogada estadounidense Roxanna Altholz.
El equipo jurídico prevé otras posibilidades de acceso al juicio mediante la interposición de demandas civiles individuales de reparación, previstas en la legislación estadounidense, y en el caso de no prosperar ninguna de las estrategias, la presentación de recursos judiciales y administrativos.
Althulz advirtió sobre la "tragedia" que significaría la entrada de los paramilitares en un programa de protección de testigos como ya hiciera el narcotraficante colombiano Víctor Patiño Fómeque, y añadió que el juicio estadounidense "no puede reemplazar de ninguna manera a los procesos penales en Colombia".
En cuanto a los preacuerdos de cooperación judicial firmados por los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Diego Fernando Murillo, alias "Don Berna", con la justicia estadounidense, recordó que de momento sigue vigente la Ley de Justicia y Paz, que sirvió de marco legal para la desmovilización de los grupos de ultraderecha y otorga beneficios jurídicos, penitenciarios y económicos.
El presidente del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), Iván Cepeda, celebró el comienzo de la representación de las víctimas en el proceso contra los paramilitares, aunque lamentó que el enjuiciamiento por narcotráfico no incluye la dimensión de los crímenes que cometieron.
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