Desmontando el mito de los bárbaros: la delincuencia y la inmigración

Desde siempre, las sociedades muestran un terror atávico hacia los bárbaros, esa especie ajena y desconocida que viene a visitarnos para quemar nuestras aldeas, saquear nuestras posesiones, violar a nuestras mujeres y robar a nuestros niños. Es una idea que retoma Alessandro Baricco en su última obra, recientemente publicada, titulada ‘Los bárbaros. Ensayo sobre la mutación’.

En España, ese papel de bárbaros ha estado ocupado en los últimos años por los inmigrantes. El discurso más radical sobre la inmigración en los años noventa y principios del nuevo milenio aseguraba que los extranjeros llegaban a nuestro territorio para robarnos el trabajo. Finalmente, como ha quedado demostrado, la amenaza no era tal. Es más, hubo creación de empleo, los inmigrantes ocuparon aquellos puestos que eran menos apetecibles para los nacionales y se produjo un importante avance económico.

Ahora, una vez superada esta etapa, se extiende un discurso que vincula la inmigración con la delincuencia. En el Congreso Mundial de Criminología se han celebrado varias mesas redondas en las que se ha debatido el tema. Y la conclusión generalizada es que los datos referentes a la delincuencia cometida por extranjeros se han exagerado mucho y que ésta se encuentra magnificada socialmente.

¿Cómo es posible esto?

¿Si lo repiten hasta la saciedad tanto políticos como medios de comunicación? ¿Si todo el mundo conoce a alguien que ha sido atracado alguna vez por un marroquí? Pues bien, según los expertos es hora de ir revisando los datos y los tópicos. «Los datos son, en el mejor de los casos, de dudosa fiabilidad o están mal interpretados, cuando no resultan tendenciosos o manifiestamente falsos», reconocía Daniel Wagman en un artículo.

El propio Wagman desglosa los datos proporcionados por el Ministerio del Interior en materia de delincuencia en el año 2001 para demostrar cómo se infla la realidad. Según el organismo público, en ese año hubo 232.146 detenciones, entre los que se contaban 116.139 extranjeros detenidos. Esta afirmación olvida que algunos extranjeros no son detenidos por la comisión de un delito, sino por ser sospechosos de haberlo hecho (58.199) o una falta (7.192), y el resto por estancia ilegal en España (44.139), lo cual no supone ningún delito sino un problema administrativo. Wagman continúa desmenuzando los datos del Ministerio en el artículo citado hasta demostrar su falta de rigor.

Los extranjeros pertenecen, además, a un colectivo claramente percibido, y que se encuentra más vigilado porque ocupa el último escalón de la escala social y económica, por lo que tienen más posibilidades de ser detenidos por la Policía. Los números también se olvidan de que en la inmigración se da una sobrerrepresentación de la población joven, sector que presenta niveles delictivos más altos, según recuerda Juan L. Fuentes Osorio en un artículo (en pdf), en el que se responsabiliza a los medios de comunicación de gran parte de la falsa percepción de la relación entre inmigración y delincuencia.

Otro problema es que las continuas asociaciones entre delincuencia e inmigración suelen utilizar estadísticas penitenciarias, que encierran varias trampas, según nos cuenta Elisa García España, autora de ‘Inmigración y delincuencia en España: análisis criminológico’. Y es que «no debe trasladarse directamente el aumento del número de presos, fundamentalmente extranjeros, a un incremento en los índices de delincuencia», asegura la profesora. De hecho, ya vimos en otro artículo cómo en España no deja de crecer el índice de encarcelamiento (hasta convertirse en el más elevado en el entorno europeo), mientras que los índices de delitos se mantienen prácticamente estables (España tiene uno de los niveles más bajos de todo el continente).

Los motivos que pueden alegarse para explicar el ligero y constante aumento de la población extranjera en prisión, prosigue la profesora, son, en primer lugar, «el mayor uso de la prisión preventiva para la población extranjera que para la española» (hasta en una proporción de dos a uno, por el miedo a que se escapen de la acción de la justicia). En segundo lugar, «el aumento puede explicarse por las condenas de larga duración impuestas por tráfico de drogas transnacional o de personas». Y, en tercer lugar, «al fracaso de la política de excarcelación de presos extranjeros». Y es que éstos tienen problemas para integrarse en los sistemas de progresión de grados o en los tratamientos penitenciarios, por lo que su estancia suele alargarse. Además, tampoco se aplican medidas alternativas a la prisión alegando su falta de arraigo a su ausencia de vinculación, y la ley de extranjería se orienta más hacia la expulsión que hacia la reinserción de los extranjeros.

El desglose de cifras habrá convencido a algunos. Sin embargo, seguro que muchas personas han sido víctimas de robos causados por extranjeros y se resisten a creer estas revisiones. Elisa García España asegura que hay estudios, elaborados sobre la base de los testimonios de las víctimas, que demuestran que la diferencia entre robos cometidos entre extranjeros y nacionales no es significativa, trabajando desde el punto de vista de las víctimas.

En todo caso, hay quien admite que, a pesar de todas estas correcciones que deben acometerse en la percepción social, el número de delitos cometidos por la población extranjera podría ser ligeramente superior al de la media española. Sin embargo, estas voces subrayan que se trata de una circunstancia social, porque ahora los inmigrantes ocupan el lugar de «excluidos» dentro de la sociedad, y los colectivos marginados y excluidos suelen cometer, tradicionalmente, un mayor número de delitos. Pero este hecho enfatiza la necesidad de acometer reformas sociales que apunten hacia la integración, la cohesión y la creación de vínculos sociales fuertes, para evitar la marginación y la exclusión.

Para concluir, Elisa García España cree que el aumento en los índices de población inmigrante entre rejas y la intensa aplicación del Derecho Penal contra la inmigración demuestran el fracaso de la política criminal en la materia. Y es que el sistema penal debe reservarse para penalizar las conductas más graves de la sociedad, y no para resolver conflictos sociales, como tantas veces se observa en la actualidad.