Madrid.- El fiscal, Ignacio Gordillo, ha confirmado hoy la petición de siete años de prisión para Manuel Pérez Martínez, "camarada Arenas", por la colocación de un artefacto explosivo en el interior de la basílica del Valle de los Caídos el 7 de abril de 1999, que fue reivindicada por los GRAPO.
En el juicio, que esta mañana ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Nacional, Manuel Pérez Martínez, secretario general del Partido Comunista de España reconstituido (PCE-r), ha negado su pertenencia a la banda terrorista y ha indicado que la Guardia Civil sólo tiene el fin de "implicar al partido en las actividades armadas de los GRAPO".
Pérez Martínez, al que el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez ha llamado al orden cuándo ha intentado explicar las raíces históricas de su partido, ha definido al PCE-r como una organización social, sin relación con la organización militar de los GRAPO.
Además de el "camarada Arenas", en el banquillo de los acusados se sentaban Mª Victoria Gómez Méndez y José Luis Elipe López, acusados de los delitos de inductores y cooperadores necesarios en el mismo hecho.
En el uso de su última palabra, Gómez Méndez, que ha sido la única de los acusados que ha reconocido su pertenencia a los GRAPO, ha exclamado dirigiéndose al tribunal: ¡"tengan la valentía de quitarse la careta"!, tras lo que el juez Gómez Bérmudez ha ordenado que fuera expulsada de la sala.
La abogada de Manuel Pérez Martínez ha alegado que "no hay ninguna prueba" de que su defendido indujera a ninguna persona a poner el artefacto por el que hoy se siguen las actuaciones"; mientras que el también letrado de la defensa, Juan Manuel Olarieta, ha insistido en que "no puede existir inducción si no se conoce el autor material de los hechos".
El acusado José Luis Elipe López también ha negado su pertenencia a la banda armada y su participación en el atentado, aunque ha reconocido que cuando se enteró de lo ocurrido se llevó "una alegría muy grande".
En sus conclusiones definitivas, el Ministerio Público acusa a Pérez Martínez de dar instrucciones a Elipe López y Gómez Méndez, junto a la ya condenada por estos hechos Mónica Refojos, para que colocaran la bomba que causó numerosos daños materiales.
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