En la entrega anterior, vimos que la revolución es muy profunda y cuestiona el equilibrio sobre el cual se ha fundado, en buena parte y durante décadas, la construcción de una industria del entretenimiento y la cultura. Esta revolución replantea algo esencial: el uso efectivo del derecho de autor, heredado de Beaumarchais, que propiciaba un equilibrio entre los autores y quienes los promueven y seleccionan (los editores y productores).
Frente a este cuestionamiento, hay dos actitudes posibles: tratar de combatir la evolución de fondo (la transformación de la obra cultural en bien público), o adaptarse a ella. El problema es: la adaptación representa una importante amenaza para numerosos intermediarios, que son quienes se llevan hoy día la mayor parte del pastel. Por ello, las discográficas y productores van a dedicarse sobre todo a intentar combatir este nuevo uso empleando diversos medios, bastante sencillos pero eficaces, en una estrategia inmovilista que apunta a resistirse el mayor tiempo posible a una evolución ineluctable.
El primer medio son las palabras y la focalización de la atención. Imponer los términos de un debate equivale a controlar sus dimensiones, y, por consiguiente, la reacción de la opinión pública y la política. Las palabras empleadas las conocemos ya: "piratas", "descargas", "robo". Estas palabras mienten. Un pirata es alguien salvaje que asalta un barco por su cuenta. ¿Puede decirse lo mismo de un adolescente de 15 años o de una madre de familia que comparten canciones con sus amigos? Ciertamente, no. El término 'descarga' es asimismo engañoso. La palabra se ha escogido por su sonoridad, su aspecto técnico y su dimensión única, infecunda. Hablar de compartir archivos sería más realista: el internauta intercambia sus fragmentos musicales; la descarga no es más que un acto técnico limitado en el marco de la revolución. Y luego está 'robo'. Robar supone privar a otro del disfrute de un bien, lo que no es aquí el caso: el delito podría definirse más bien como imitación. Pero claro, no hace tanto daño.
A continuación, se da caña: simplificaciones ("la gratuidad es un robo"), asimilaciones (el volumen de negocios del disco equivaldría al de la música), estudios y sondeos muy parciales que proveen combustible para la argumentación. Una vieja estrategia de lobbying de la opinión (me lo conozco, es mi campo) que da resultados sorprendentes: funciona.
Frente a esta estrategia, los poderes públicos están desarmados, por méritos propios. Durante años, la política cultural francesa se ha construido en torno a un diálogo con estos actores e intermediarios. La inhibición de los poderes públicos, en Francia, se debe sobre todo a esta dependencia. Desde que existe esta realidad, el Ministerio de Cultura no ha realizado ningún estudio serio sobre la práctica de compartir archivos. El Gobierno trata de regular esta materia bajo la presión endógena de los industriales y los grupos constituidos con intereses creados en el asunto, sin desarrollar su autonomía.
En resumen, los poderes públicos adoptan el punto de vista de las casas discográficas y los productores, llegando a generarse una endogamia un poco compleja, y, a pesar de que el lobbying ha sido frecuentemente descarado (promoción de Virgin en la Asamblea durante los debates, enmienda Vivendi), y ha excedido incluso los límites con ocasión de los debates sobre la ley DADVSI (Derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información, ley surgida de la transposición al derecho francés de una directiva europea que data de 2001 y fue adoptada en junio de 2006), sigue actuando como si en esta historia sólo existiesen los 'derechohabientes'. Por otra parte, se limita a escuchar a las asociaciones de usuarios y consumidores, y se caricaturiza con frecuencia a sus partidarios. Y, en cuanto a los estudios, todavía nada. El Gobierno no actúa con autonomía.
Llegamos a la culminación de esta lógica. El Gobierno confía una misión sobre un asunto complejo, serio, conflictivo, aún cuando los debates sobre la ley DADVSI han generado profundas diferencias, a... una parte interesada: Denis Olivennes, que acaba de sacar un libro donde maneja constantemente simplificaciones del lenguaje. Éste fabrica un acuerdo sobre una base sencilla: esencialmente, hay que pasar a una nueva fase de la "lucha contra la piratería", con ciertos compromisos condicionados sobre una mejora de la oferta.
El acuerdo se presenta a un presidente feliz, y Denis Olivennes proclama por todas partes que ha sentado a "todo el mundo", hecho histórico, a la mesa de negociaciones. ¿A todo el mundo? No, sólo a los representantes de los actores económicos de la cultura, de un lado, y a los proveedores de acceso a internet, de otro. Pero no a los representantes de los consumidores, cuyo papel es un tanto incierto en este debate entre industriales. Un acuerdo forzado, en la lógica habitual de los entresijos del poder y las negociaciones inflexibles.
El acuerdo firmado en el Elíseo es criticado enseguida, principalmente en línea, por centrarse en el aspecto represivo, y por los temores que suscita respecto al control de la actividad de los internautas. Partiendo de esta base, el Gobierno se pone manos a la obra, y elabora un proyecto de ley que abarcará sólo el aspecto represivo del acuerdo (no hace falta ocuparse de lo demás, hay buena voluntad).
No se ha hecho balance de la ley anterior, y se parte de un acuerdo montado por un actor implicado. El Gobierno se pone a trabajar. ¿Qué saldrá de todo esto? Lo leeremos en el siguiente artículo.
* Artículo originalmente publicado en el medio digital francés Rue89.
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