Después de la polvareda que levantó su propuesta antes de las elecciones, Fernández Bermejo insiste. El ministro de Justicia quiere un "nuevo modelo" de acceso a la magistratura paralelo a las sacrificadas oposiciones. Los alumnos con mejores expedientes en Derecho podrán convertirse en jueces y fiscales sin pasar por el filtro del temido examen, aunque no de forma automática. Las asociaciones de la magistratura no le apoyan y darán la batalla.
María Dolores González pasó dos años preparando, "a piñón fijo", unas oposiciones para ser jueza. "Fue una de las etapas de mi vida más sacrificadas, donde sólo tenía los sábados para mí, mi familia y mis amigos", recuerda, "algo totalmente catastrófico". Carlos Fuentes dedicó cuatro años y medio a memorizar un temario extenso de Derecho en todas sus vertientes. Y después de tanto esfuerzo y horas clavando los codos, los dos desistieron. Ella no superó la nota de corte que fijaron el primer año (2003) en el que se puso la prueba de test. "Pedían un 8 y yo saqué un 7,76 y me quedé fuera y junto a mí, el 80% de los que nos presentamos, fue un escándalo". Él, después de cuatro intentos tratando de pasar la primera prueba oral, se le quitaron las ganas de insistir. "Tampoco era cuestión de quemarme y ya tenía más que pensado que no iba a invertir más de cinco años de mi vida en esto".
Para estos dos opositores la clave no está tanto en la preparación de la prueba, sino en el factor suerte. "Hay gente muy preparada, que ha trabajado muchísimo y con un conocimiento exhaustivo de la materia, pero va el día de los exámenes y le preguntan un tema complejo, se examina en un momento crítico o le toca un jurado difícil y no aprueba", afirma Carlos. "Es que es un sistema que además sólo tiene en cuenta la memoria y se ha quedado obsoleto", se lamenta María Dolores.
En eso parece que coinciden los afectados, el ministro y las asociaciones de magistrados y fiscales. Por ello, Fernández Bermejo ha insistido esta mañana en su propuesta de establecer un "nuevo modelo" para que los alumnos de Derecho de las universidades públicas con expedientes más brillantes puedan acceder a la carrera judicial sin pasar por las oposiciones e inicien un periodo -que según fuentes del Ministerio sería de entre tres y cuatro años- de formación académica continua y otro de "prácticas tuteladas" en las Escuelas Judiciales o en el Centro de Estudios Jurídicos. Ya lo propuso antes de las elecciones y no cosechó muchas adhesiones. Y ahora, tampoco.
"Si la propuesta más trascendente que tiene que hacernos un ministro que lleva un año desaparecido y que tiene el reto de modernizar la Justicia es ésta, mal empezamos", sentencia Antonio García Martínez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Para esta asociación, mayoritaria dentro de los jueces, la reforma del sistema de captación y acceso a la carrera "no es un problema prioritario a abordar en este momento". "Nosotros queremos que lleguen los mejores de entre los mejores y no sólo que se sepa, sino que se sepa mucho", insiste. "Además, añade, los ciudadanos nos exigen la máxima excelencia por parte de quien asume esas altas responsabilidades". Tampoco apoyan la reforma Jueces para la Democracia, cuyo portavoz, Miguel Ángel Gimeno, considera que más que el modelo de selección, "lo que debemos determinar es qué clase de jueces queremos" para nuestro sistema. Para esta asociación, el sistema de oposiciones no es idílico, "compartimos la idea de que la selección memorística no es la más idónea", pero tampoco creen en la propuesta del ministro. Ello apuestan por un modelo donde se valore el conocimiento, pero también su aplicación práctica. "Una persona que es capaz de sacar unas oposiciones demuestra un férreo interés y deseo por ser juez, pero no que vaya a ser un buen juez", señala Gimeno.
Para estas dos asociaciones de jueces, el principal problema de este nuevo sistema de reclutamiento alternativo es el criterio de selección. "A día de hoy, el sistema de oposición es el que está homologado y el que ha dado a lo largo de los años unos resultados formidables de preparación, donde los elegidos cumplen escrupulosamente con los criterios de mérito, capacidad e idoneidad que les son exigibles", afirma García Martínez. "Habría que conocer con más detalle el criterio de selección de los expedientes más brillantes, pues hay que garantizar en todo momento el principio de igualdad", opina Gimeno.
Con esta propuesta, según Bermejo, se pretende dar solución al "descenso constante y paulatino" tanto del número de solicitudes de ingreso a la carrera judicial como del número de profesionales que logran conseguir una plaza. El ministro pone como ejemplo la convocatoria del año pasado, donde sólo se cubrió el 75% de plazas ofertadas, en un momento donde el atasco de la Administración, los retratos de expedientes y sentencias y las deficiencias en muchos juzgados de nueva creación son evidentes.
Tampoco en esto convence el ministro a los magistrados. La APM es rotunda. "Se trata de un falso debate del ministro que nos presenta ésta reforma como solución a los problemas que aquejan hoy día a la Justicia. Y eso es un engaño para los ciudadanos". Jueces para la Democracia son menos contundentes, pero también insisten en que el problema de la carestía de jueces es "irresoluble" a corto plazo. "Lo seguiremos padeciendo hasta que no determinemos el tipo y el número de jueces que necesitamos no para mañana, sino para dentro de quince años". Ambas apuntan a otras soluciones como la necesidad de mejorar las condiciones del personal, modernizar las infraestructuras, hacer compatibles los sistemas informáticos entre las distintas Administraciones autonómicas o actualizar la legislación. "El ministro tiene sobre la mesa la reforma, por ejemplo, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data de finales del siglo XIX", recuerda Gimeno.
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