Santa Cruz de Tenerife.- Los vecinos afectados por el cierre del anillo insular y los colectivos que les apoyan saldrán a las calles del municipio tinerfeño de Icod de los Vinos el 12 de julio para manifestarse en contra del proyecto, informó hoy la portavoz de Isla Baja Se Mueve-Ecologistas en Acción, Luz María Sosa.
Esta manifestación que se celebrará contra el anillo insular y a favor de todas las personas afectadas, en su mayoría agricultores y ganaderos de la zona de Icod, tendrá lugar a partir de las 11.00 horas desde el empalme hasta el ayuntamiento de Icod de los Vinos, añadió Sosa en rueda de prensa.
En declaraciones a Efe la portavoz de Isla Baja se Mueve-Ecologistas en Acción afirmó que el cierre del anillo insular es "inminente", y afectará a 775 familias, de las cuáles 59 se verán afectadas de forma directa con la expropiación de su vivienda.
También se llevarán a cabo expropiaciones parciales en algunas viviendas, en huertas o en los lugares donde se encuentra el ganado.
Otras consecuencias directas del cierre del anillo insular, afirmó Sosa, son la destrucción que producirá en el medio natural, la destrucción de acuíferos que abastecen a ecosistemas completos, y la ubicación de una megainfraestructura a una cota algo inferior a la corona forestal.
Además, se creará una autopista de montaña, que pondrá en peligro las charcas de Ergo y es una grave afección al paisaje, así como la destrucción del sabinar de Chío, que ya se ha consumado, explicó.
El cierre del anillo insular potencia también el modelo de desarrollo que apuesta por la construcción de "mega infraestructuras ilógicas", que afectan al espacio natural protegido del Chinyero, desclasificado en parte por el paso de esta carretera.
Vía que, señaló Sosa, potencia el modelo de transporte individual y afectará al patrimonio cultural y etnográfico, provocará también la desaparición de fiestas como los Achitos y contribuirá a la desaparición de caminos, canales y otros elementos de transporte de agua.
Sobre el medio humano, incidió la portavoz de la organización ecologista, se producirá la destrucción del paisaje agrícola de autoconsumo, que abastece al mercado interior; se verán afectados los asentamientos de casas, fincas y granjas; y se destruirá el modo de vida de cientos de personas, al reubicarlas en viviendas situadas en zonas urbanas.
Además, apuntó Sosa, se pone en grave peligro el desarrollo económico de la Isla Baja, por la desaparición de pequeñas y medianas empresas que perderán competitividad frente a los centros comerciales de fácil acceso, y todo ello en un "escenario de crisis mundial en el que los precios del petróleo tiende a subir de forma inexorable".
Posiblemente dentro de algunos años, auguró, sea mucho más necesaria la tierra fértil pérdida por esta vía exterior que la carretera, y además, señaló, cuando existe una alternativa lógica que es "la mejora de la vía existente".
"No al cierre del anillo insular", informó Sosa, porque muchas personas pierden sus casas, medios y modos de vida; porque se destruye la integración de los barrios; porque se pueden mejorar las carreteras existentes y porque las autopistas son las vías más peligrosas y con mayor índice de accidentes.
Porque se debe cuidar y mimar "la tierra que nos da de comer", más en un periodo de crisis económica "en el que estamos" en que suben inminentemente el precio del barril de petróleo, y en consecuencia los precios de la alimentación, añadió.
Además, porque el cierre del anillo insular destruye y altera el paisaje natural y la biodivesidad, y porque, opinó, "es una obra ilegal e innecesaria que no resuelve los problemas de movilidad en la isla".
Luz María Sosa argumentó a Efe que a pesar de los esfuerzos y de lo que les gustaría la suspensión del cierre del anillo insular "está difícil", porque es algo que ya está en marcha y no hay forma de negociarlo, ya que ellos tampoco reconocen sus errores y que la obra "es completamente ilegal".
En definitiva, "se está luchando contra una mole", para la cuál las personas sólo "somos números", y no otra cosa, es decir, apuntó "no les importa que se les quite a las personas una casa o su forma de vida", puesto que muchas de los ciudadanos afectados se les cambian a un piso y "se mueren", porque no saben que hacer con su huerta o con su ganado.
De hecho apuntó que el asunto de las viviendas expropiadas no está claro, a pesar de que se han firmado las expropiaciones, antes incluso de saber que se iba a hacer con estos vecinos.
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