Madrid/Valencia.- Madrid/Valencia, 18 jun (EFE).- Las diócesis de Valencia y Madrid son las que presentan mayores resistencias a las apostasías de los ciudadanos, ya que de los 43 recursos presentados este año en la Audiencia Nacional contra la decisión de la Agencia Española de Protección de Datos de aprobar las solicitudes de apostasía, 24 corresponden a Valencia y 16 a Madrid.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha recibido ya en lo que va de año 529 peticiones de apostasía, más del doble de las 287 resoluciones aprobadas por este organismo el año pasado, según la Memoria de la AEPD de 2007.
En la presentación de la Memoria, el director de la Agencia, Artemi Rallo, ha asegurado que estas cifras "permiten aventurar" un crecimiento exponencial del número de personas que quieren cancelar sus datos personales de los registros de la Iglesia.
Según Rallo, en 2006, la Agencia aprobó 47 peticiones de apostasía; 287 en 2007 y, en lo que va de año, este organismo ha recibido 529 solicitudes, 456 de ellas pendientes de resolución.
Sin embargo, frente al derecho que los ciudadanos tienen de solicitar la cancelación de sus datos personales de cualquier registro (incluida la Iglesia), algunas diócesis alegan que estos datos son de carácter histórico y están excluidos del ámbito de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.
Con esta afirmación, la Iglesia recurrió ante la Audiencia Nacional 15 resoluciones de la Agencia en 2006; 183 en 2007 y 43 en el primer semestre de este año (de ellas 24 Valencia y 16 Madrid).
Hasta el momento, la Audiencia Nacional ha ratificado la decisión de la Agencia en 66 casos.
Por otra parte, la Memoria precisa que, en 2007, los ciudadanos presentaron 1.624 denuncias ante la AEPD, el 7 por ciento más que un año antes, la mayoría presentadas en Madrid (336), Cataluña (168), Andalucía (143) y Galicia (116).
La mayoría se referían al sector de las telecomunicaciones (290) y al financiero (248), aunque la principal novedad de este año ha sido la videovigilancia, un sector en el que las denuncias se dispararon el 400 por ciento en 2007.
"Todos los indicadores muestran que la videovigilancia va a ocupar un lugar importante en el trabajo de la Agencia en el futuro porque los ciudadanos muestran una singular preocupación" ante las cámaras instaladas en lugares públicos, explica Rallo.
No obstante, según el director de la AEPD, las entidades que utilizan este tipo de cámaras de seguridad se están adecuando a la normativa vigente que, entre otras cosas, les obliga a registrar su existencia, a borrar las grabaciones mensualmente y a instalar cámaras únicamente cuando sea necesario.
Las autonomías con más ficheros de grabación registrados son Cataluña (244.970 ficheros), Madrid (154.776) y Andalucía (101.299).
La Memoria precisa también que, en 2007, la AEPD impuso 399 sanciones (32,5 por ciento más que un año antes) por las que recaudó casi 20 millones de euros (14 de ellas superaban los 300.000 euros de multa).
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