ESTRASBURGO (FRANCIA).- El Parlamento Europeo (PE) aprobó hoy sin cambios el proyecto de directiva de retorno de inmigrantes ilegales, que prevé internarlos por un período máximo de hasta 18 meses en casos excepcionales.
El texto recibió 367 votos a favor, 206 en contra y 109 abstenciones, y salió adelante gracias al respaldo del Partido Popular Europeo, los liberales, la derecha nacionalista y un grupo de euroescépticos y no inscritos, que no aceptaron ninguna de las enmiendas planteadas por los grupos de izquierda. Dentro del grupo socialista europeo se ha registrado una división, al votar a favor de la reforma los eurodiputados españoles, a excepción de Josep Borrell, Raimon Obiols y Martí Grau.
La norma comunitaria, que ya ha recibido el visto bueno de los Gobiernos de los 27 países de la UE, entrará en vigor dos años después de su publicación oficial. La votación de hoy escenificó de nuevo la fractura existente en la Eurocámara respecto al texto, que para algunos grupos supone un progreso y un marco para salvaguardar los derechos de los inmigrantes, mientras que para otros las garantías que ofrece son insuficientes y suponen una "aberración inaceptable".
El compromiso de los países respaldado por el PE establece un período de retorno voluntario para los inmigrantes ilegales de entre 7 y 30 días. También prevé que los irregulares puedan ser internados un máximo de seis meses antes de su expulsión, período que puede extenderse por otros doce en los casos en que el irregular no coopere en su identificación o haya problemas para obtener la documentación de países terceros. En España este máximo estaba ahora en 40 días, algo que para el Gobierno de Rodríguez Zapatero era "insuficiente".
Nueve países -Reino Unido, Suecia, Grecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Irlanda, Malta y Holanda- no tienen hoy en día ningún período máximo de retención de los indocumentados, por lo que éstos pueden estar internados de forma indefinida. Además, la directiva establece para los expulsados una prohibición de retorno a la UE de hasta cinco años.
En cuanto a los menores no acompañados, se acepta la posibilidad de que puedan ser devueltos a tutores que no sean familiares directos o a instituciones adecuadas de su país. Mientras, la asistencia jurídica será gratuita según estipulen las leyes nacionales, y la ayuda gratuita en las apelaciones a las decisiones de expulsión sólo se dará cuando haya posibilidades reales de éxito y tendría límites de tiempo y de cantidad económica.
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