La Paz.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA confirmó hoy que existen indígenas guaranís en el Chaco de Bolivia que padecen "una situación de servidumbre análoga a la esclavitud", además de extrema pobreza, castigos y trabajo infantil.
La delegación de la CIDH, encabezada por la venezolana Patricia Mejía y el argentino Víctor Abramovich, dio hoy una rueda de prensa en La Paz para denunciar esa "manifestación extrema de la discriminación" de los indígenas en Bolivia.
Los representantes visitaron esta semana el Chaco, en el sureste de Bolivia, tras la denuncia del presidente Evo Morales, de que en esa zona existen esclavos guaranís, lo cual es rechazado por hacendados del lugar y puesto en duda por autoridades de la Iglesia Católica.
En esa zona se produjeron varios enfrentamientos violentos en abril porque los terratenientes frustraron varios intentos del Gobierno y la policía entrar para distribuir tierras a las comunidades indígenas y verificar los títulos de propiedad de los empresarios.
La CIDH dijo hoy en su informe que "deplora la existencia en Bolivia de situaciones de servidumbre por deuda, análoga a la esclavitud y el trabajo forzoso", que están prohibidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La comisión también observó que "las familias guaranís en situación de servidumbre o trabajo forzado viven en la extrema pobreza y son sometidos a castigos como 'huasqueadas' (latigazos), quema de sus cultivos y muerte de sus animales".
Todo eso, además de la existencia de trabajo infantil prohibido por el Estado y las normas internacionales, ocurre en el Chaco "en un marco de impunidad debido a la ausencia casi total del Estado nacional en la región" y el "inefectivo actuar de la Fiscalía".
"Esta impunidad fomenta la repetición de prácticas incompatibles con los Derechos Humanos", indicó el informe, que también critica al Poder Judicial por no investigar esos delitos y sancionarlos.
También señala que existen comunidades que permanecen cautivas en parcelas de tierras ubicadas dentro de haciendas, aunque están en conflicto con sus anteriores patrones y no les prestan servicios de manera regular.
Además verificó la existencia de caminos públicos que atraviesan propiedades privadas, cerrados por trancas y en algunos casos por candados, y recogió testimonios sobre restricciones al derecho a la libertad de asociación del pueblo guaraní.
"Esto incluye persecución y hostigamiento contra los dirigentes y serias dificultades en el acceso al territorio que obstaculiza su contacto con las comunidades", agrega el informe.
La CIDH dijo además que está preocupada por la "vida e integridad de estas personas" y por las represalias que puede sufrir por haber dado sus testimonios.
También recogió denuncias de familias guaraníes que, por reivindicar sus territorios, han sido expulsadas de haciendas donde trabajaban sin compensación y que no tienen los mínimos recursos para subsistir.
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