Junto con la huelga de transportes — y con permiso de la Eurocopa — es el tema del día. Los ministros de Trabajo de la Unión Europea han aprobado una nueva directiva sobre la jornada laboral que permitirá que algunos empleados trabajen hasta 65 horas semanales. Aunque la directiva no es de aplicación obligatoria y España ya ha dicho que no la adoptará, para los sindicatos esta medida es un ataque directo a los logros de la lucha obrera durante los dos últimos siglos.
Antes de que muchos se imaginen viviendo (literalmente) en la oficina, maticemos. La jornada laboral europea seguirá siendo oficialmente de 48 horas por semana, aunque con excepciones. A partir de ahora, el famoso 'opt out' británico, que permitía que los trabajadores y empresarios pactaran la jornada laboral, será la norma y se podrán acordar jornadas de hasta 60 horas a la semana; 65 en el caso del colectivo médico. Todo ello si el texto obtiene el visto bueno del Parlamento Europeo.
Pero, realmente, la importancia no está en si el máximo se sitúa en 60, 62 ó 65 horas a la semana. Con la adopción de esta medida se invierte un proceso histórico que ha llevado a la progresiva consecución de derechos para los trabajadores. De facto, el límite de las 65 horas se convierte en un cheque en blanco para que las empresas decidan cuántas horas pasarán los empleados en el trabajo. Es cierto que la ampliación de la jornada debe contar con el consentimiento por escrito del trabajador pero Santos Nogales, secretario de Acción Sindical de UGT, señala que, si finalmente se aplica esta directiva, "los trabajadores se encontrarían en una situación de desprotección porque se iría en contra de su principal elemento de defensa que es la negociación colectiva".
Por eso no se descartan movilizaciones en contra de la nueva directiva. Los sindicatos españoles han puesto el grito en el cielo y no han dudado en afirmar que se trata de una "agresión a los derechos fundamentales de los trabajadores". IU también ha dicho que se echará a la calle si hace falta para defender la actual jornada de 48 horas que "supuso una conquista histórica" de los trabajadores que "costó sangre", según Pedro Vaquero, el portavoz en asuntos económicos de este partido.
La idea puede encontrarse con un movimiento de oposición en toda Europa. Desde la Confederación Europea de Sindicatos se ha calificado el acuerdo como "inaceptable y muy insatisfactorio" y su secretario general, John Monks, ha asegurado que van a trabajar sobre el asunto para evitar que se ponga en práctica. De la misma idea es José Manuel Juzgado, responsable de Acción Sindical de CCOO en Madrid. "Confío en que la medida no prospere pero si algún país adopta esta norma sería un golpe tan fuerte al Estado del bienestar que se produciría una revolución social en Europa", asegura Juzgado.
En el transfondo de esta medida se encuentra la cuestión económica. Realmente, el establecimiento de la jornada máxima es orientativo porque muchos sectores realizan jornadas superiores a las 40 horas si así lo recogen los convenios. Sin embargo, la ampliación a 60 ó 65 horas conlleva una diferencia sustancial respecto a la actualidad: las empresas — y también los gobiernos — no tendrán que pagar las horas extra porque estarán incluidas en la jornada ordinaria, con lo que se ahorrarán una buena suma a finales de año.
Cuando Celestino Corbacho aseguró que la nueva medida acerca a Europa "más al siglo XIX que al siglo XXI", no estaba muy desacertado. En 1919, la Organización Internacional del Trabajo estableció la jornada máxima de ocho horas al día. A lo largo de todo el siglo XX, los gobiernos europeos han ido modificando su legislación hasta llegar a las poco más de 40 horas semanales de media actuales.
Con el Estatuto de los Trabajadores de 1980, la jornada laboral en España se estableció en un máximo de 42 horas semanales (en jornada continua) y 43 horas (en jornada partida). Esta norma regulaba el tiempo de trabajo después de años sin legislar puesto que la única ley al respecto durante el franquismo, el Fuero de los Trabajadores, sólo apuntaba que "el Estado limitará convenientemente la duración de la jornada para que no sea excesiva".
Las 40 horas no se adoptaron hasta 1983, cuando se modificó el texto. Desde entonces, los sindicatos españoles han reclamado sin éxito la reducción a 35 horas semanales, siguiendo el ejemplo de Alemania y Francia (que la adoptaron en 1984 y 1998, respectivamente). Curiosamente, ambos países — junto a Reino Unido e Italia — han estado a la cabeza de la nueva normativa europea alegando que las 35 horas no resultan rentables desde el punto de vista económico.
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